UNP dio primeras medidas de protección a más de 10 directores de cárceles en el país

Luego de siete días del asesinato del director de La Modelo, el coronel (r) Élmer Fernández, la Unidad Nacional de Protección (UNP) tomó las primeras medidas de protección urgentes para los quince directores de cárceles.

La entidad bajo el mando de Augusto Rodríguez realizó un total de 18 trámites de emergencia, que incluyeron la entrega de nuevos esquemas de protección y el fortalecimiento de otros a directores de establecimientos penitenciarios.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En diálogos con el diario El Espectador, Augusto Rodríguez explicó que la UNP realizó un estudio de seguridad con datos brindados por el instituto penitenciario, y fue de esta manera como permitió actuar de manera urgente a funcionarios que están bajo amenaza o en grave riesgo.

“Realzamos 18 trámites de emergencia esta semana. A 10 se les entregó esquema de seguridad por primera vez y a otros ocho se le fortalecieron. Con todos implementamos, mínimo, chalecos antibalas. Debo contarle que implementamos y actualizamos la seguridad para los directores de La Picota en Bogotá, de la Tramacúa de Valledupar, de El Barne en Cómbita, de El Pedregal en Antioquia y de Girón en Santander, entre otras de mediana y máxima seguridad”, contó el director.

Además, el funcionario explicó que las nuevas medidas de seguridad se llevó a cabo para: dos directores en Bogotá, dos en Meta, dos en César, y de manera individual en Antioquia, Caquetá, Tolima, Caldas, Valle del Cauca, Cundinamarca.

Por su lado, se ratificaron para directores de establecimientos carcelarios como Boyacá, Santander, Norte de Santander y para el director de la regional de occidente del Inpec. Finalmente se fortalecieron las medidas para directores en Bogotá, Meta, Cauca y Valle del Cauca.

Desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, la UNP ha llevado a cabo 342 estudios de seguridad para funcionarios del Inpec. De esos, 97 casos se han archivado, 69 están en proceso de evaluación y 176 ya han sido evaluados en cuanto a su nivel de riesgo.

El Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) ha identificado a 64 funcionarios con riesgo extraordinario y a 128 con riesgo ordinario. En lo que va del año 2024, se han realizado 86 de estos estudios.

El asesinato del director de la cárcel La Modelo ha desatado una tormenta sobre la seguridad de los funcionarios penitenciarios en Colombia.

Se ha revelado la situación crítica y los riesgos que enfrentan los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El miércoles 22 de mayo, los guardianes sindicalizados pidieron al presidente Gustavo Petro y al ministro de Justicia, Néstor Osuna, que destituyan al director de la entidad.

Jimmy Suárez, presidente nacional del Sindicato Seup, declaró en W Radio: “Ministro Osuna, usted no puede cargar con el costo político de una mala gestión de un coronel de la Policía que tiene a cargo la dirección del Inpec. En 17 meses hemos registrado 17 muertes, una por mes en promedio, y un número indeterminado de amenazas, debido a decisiones y órdenes improvisadas”.

Por su parte, Johan Alcalá, presidente nacional del sindicato Sinalpec, expresó: “Presidente de la República, solicitamos el cambio inmediato del director del Inpec. Nos ha desprotegido, hemos tenido una cantidad significativa de funcionarios muertos, tanto administrativos como del cuerpo de custodia. Exigimos el cambio urgente de la dirección del Inpec”.

En cuánto a la Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la UNP un listado actualizado de los funcionarios del Inpec que han sido amenazados por grupos criminales y que están en proceso de recibir medidas de protección.

El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, realizó esta solicitud tras el reciente asesinato de Elmer Fernández y luego de recibir una nueva denuncia de amenazas de muerte contra el director de la cárcel de Girón, en Santander.

Según cifras del Inpec, más de 1.000 funcionarios han sido amenazados entre 2019 y 2024. La Procuraduría ha requerido copias de las solicitudes de protección relacionadas con las amenazas contra Fernández y el listado de funcionarios que han solicitado protección entre 2023 y 2024, especificando cuántas de estas solicitudes cumplían con los requisitos exigidos.