Una fuerte explosión en Soacha causó la muerte de una empleada, produjo un caos en la zona y congestionó el tráfico en la entrada y salida vehicular al sur de Bogotá.
La emergencia generó la movilización inmediata de las autoridades, que ahora investigan las causas del incidente. Una persona fallecida y 34 heridas, de las cuales dos están en estado crítico, es el saldo que dejó esta tragedia según informaron autoridades locales.
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El evento de explosión en Soacha, ocurrido en instalaciones de la empresa Industrias Martinicas El Vaquero S.A.S, ha traído a la luz datos sobre su trayectoria y regulaciones. Esta empresa, operada desde el año 2000 por Carlos Andrés Carvajal Castaño, que también es presidente y representante legal suplente de la Federación Nacional de Pirotécnicos (Fenalpi), fue inspeccionada en noviembre de 2022 por el Ministerio de Trabajo.
Durante dicha inspección de 2022, se identificaron varias irregularidades. Según El Tiempo, un acta del Ministerio de Trabajo consignó la falta de equipos de protección personal, como guantes, lo que dejaba a los trabajadores expuestos al contacto directo con la pólvora: “El analista de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) informó que no se suministran guantes (...) quedando el trabajador expuesto al contacto directo con la pólvora”.
Además, El Tiempo, tuvo acceso a un contrato firmado el 3 de junio de 2020 entre Industrias Martinicas El Vaquero SAS y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) lo cual añade otra capa a la historia. Este contrato, firmado bajo la administración de Eduardo José González en el gobierno del presidente Iván Duque, comprometía una significativa inversión para la empresa de pirotecnia.
El contrato consistía en la adquisición de 3.500.000 respiradores de alta eficiencia KN95 para la protección de trabajadores y agentes de salud en medio de la pandemia de covid-19. Esto derivó en una disputa legal que involucra a varios socios y la empresa Industrias Martinicas El Vaquero SAS. Según un contrato del 3 de junio de 2020, este negocio se valoró en 35.700 millones de pesos y fue financiado por Fiduprevisora SA como administradora del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Sin embargo, ese contrato terminó en un pleito entre socios y ahora reposa en un tribunal de arbitramento de Bogotá.
Una de las partes implicadas en la disputa, conformada por Lenka Buckova, Juan Carlos Franco Duque, David Escobar Aristizábal y Diego Mauricio Reyes, sostiene que la firma mencionada incumplió con las obligaciones contractuales.
Según el mismo medio de comunicación, que tuvo acceso al laudo arbitral, se especifica que la empresa debía entregar el 50% de las utilidades netas generadas por la venta de 1.500.000 unidades de tapabocas.
El laudo arbitral resalta que “la empresa se asocia con los colaboradores para la estructuración del contrato celebrado con la UNGRD para la adquisición de elementos de protección para trabajadores y agentes de salud”. Además, se detalla que, “como consecuencia de las pretensiones, la sociedad Industrias Martinicas le adeuda el 50 por ciento de las utilidades netas sobre 1.500.000 unidades de tapabocas”, y exigían el pago de la mora correspondiente a esta pretensión.
A pesar de los reclamos, el tribunal de arbitramento de Bogotá resolvió que Industrias Martinicas El Vaquero SAS cumplió con todas sus obligaciones contractuales y, por lo tanto, negó las pretensiones de los demandantes.
En el mismo documento, el tribunal concluye que la firma “quedó a paz y salvo con los accionantes”, exonerándola de cualquier deuda adicional.
La controversia tomó relevancia al sumarse a los hallazgos de la planta de polvorería asociada a la empresa, donde se encontró que “algunos extintores de la polvorería se encuentran localizados en sitios con difícil acceso, obstaculizando disponibilidad inmediata en caso de incendios”. Esta información se suma a las preocupaciones alrededor del cumplimiento del contrato durante la emergencia sanitaria.
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