Los cartageneros están divididos tras conocerse un video en el que varios agentes de Policía y de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) cargan “cual bulto e’ papa” a dos presuntos ladrones en su camioneta.
El hecho habría ocurrido a mediados de mayo del 2024, en el sector de Blas Lezo, cuando los uniformados recibieron una alerta por robo y dieron con ambos sujetos, quienes fueron identificados por al comunidad.
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Se desconoce, de momento, si se resistieron o no a la captura, pero en el video es claro como, con todo y esposas, ambos son alzados entre dos oficiales y con terror en el rostro son aventados, para dar un bote en el aire y caer de cabeza en el platón.
Una acción que fue celebrada por varios cartageneros, a pesar de violar claramente el procedimiento policial: “No le veo nada de malo, es el trato que se merecen”, “Dos problemas: el primer y más grave es que por esa manera de tratar a un presunto delincuente se pueden ir a la calle y lo segundo es que la imagen de la Policía Nacional se ve deteriorada justo en un momento en el que tratan de mejorarla”, “Si no cooperan ese es el trato especial ¿qué querían? ¿un jet 6 estrellas?”, “Al parecer algunos piensan que merecían una alfombra roja y que les dieran la mano para subir”.
En medio de un operativo, Policía empujó por un barranco a víctima de desalojo en Medellín
Al menos cinco personas resultaron heridas y un líder comunitario fue detenido en Medellín el miércoles 14 de febrero durante un operativo de desalojo en el barrio El Faro, comuna 8 (Villa Hermosa). La intervención de las autoridades estaba destinada a desalojar a diez familias que, según la Alcaldía, habían sido declaradas invasoras desde el 2017.
En el operativo participaron funcionarios de la Secretaría de Gestión y Control Territorial junto con agentes de la Policía Nacional. Según se aprecia en un video divulgado por uno de los habitantes, un patrullero empujó a una mujer protestante por la ladera, acción que fue respaldada por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Udmo), antes conocida como ESMAD.
Jhonatan Medina, representante del Área Jurídica de la Mesa de Derechos, afirmó en declaraciones entregadas a RCN Radio que la protesta realizada por los habitantes fue pacífica, contradiciendo la versión de las autoridades, que alegan que fueron atacados con piedras. “La protesta fue pacífica”, sostuvo.
Las autoridades justificaron el desalojo señalando que las construcciones de al menos diez familias en la región son ilegales y agregaron que la zona es de alto riesgo y está protegida. Mientras, los afectados sostienen que poseen la documentación legal de los terrenos y que deberían ser los vendedores de dichas tierras quienes enfrenten a la justicia, ya que se presume podrían estar asociados a un grupo armado.
Durante el operativo, la Udmo intervino para proteger al patrullero implicado en el incidente, ya que los habitantes exigían respeto y cuestionaban las acciones policiales. Además, la intervención de esta unidad provocó reacciones negativas entre la comunidad, generando una serie de denuncias por haber solicitado su presencia en un contexto que, ellas aseguran, fue una protesta pacífica.
La convivencia en estos terrenos ha sido un tema de disputa desde el 2017, cuando la Alcaldía declaró invasoras a varias familias. Sin embargo, estas argumentan la legalidad de sus papeles y exigen justicia y una clarificación en la venta de los terrenos. “Si alguien debería enfrentarse a la Policía, es quien llegó a vendernos el terreno”, afirman los habitantes.
Este incidente generó múltiples denuncias desde los sectores de derechos humanos en la comuna 8, quienes alertaron sobre el posible desalojo, la presencia del ESMAD y la detención de un líder comunitario. “Denunciamos la alerta por posible desalojo en el barrio el Faro y la detención de un líder comunitario”, manifestaron los activistas.
En medio del tenso operativo, se registraron al menos cinco heridos y la detención de un líder comunitario, lo que añadió más combustible a las acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Los miembros de la comunidad, luego del presunto abuso policial, solicitaron una revisión de sus casos y una respuesta justa por parte de las autoridades locales.