Procuraduría exigió a la UNP la lista actualizada de funcionarios del Inpec amenazados y en proceso de recibir protección

La Procuraduría General de la Nación ha requerido a la Unidad Nacional de Protección (UNP) una actualización detallada de los funcionarios del Inpec que han recibido amenazas de grupos criminales y que están en proceso para obtener medidas de protección.

Este requerimiento se produce tras el asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, Elmer Fernández.

El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, subrayó la necesidad imperiosa de contar con esta información para garantizar la seguridad y protección de los funcionarios.

“Es fundamental actualizar las medidas de protección a los funcionarios del Inpec, especialmente ante el aumento de amenazas y situaciones de riesgo”, declaró Sarmiento.

Este llamado también fue motivado por una nueva denuncia del director de la cárcel de Girón, Santander, quien ha reportado recibir amenazas de muerte.

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“De acuerdo con cifras reveladas por el mismo Inpec; existen más de 1.000 registros de funcionarios del Inpec amenazados entre 2019 y 2024″, manifestó el ente investigador. De hecho, confirmó que “el incremento de estas amenazas refleja un deterioro en la seguridad de nuestros funcionarios y una situación crítica que requiere atención inmediata”.

Así como informó la misma institución, entre los documentos solicitados a la UNP se incluyen copias de las solicitudes de protección presentadas por el Inpec cuando se conocieron las amenazas contra Fernández, “así como el listado de otros funcionarios que han solicitado dar inicio a la ruta de protección entre 2023 y 2024 y cuántas de esas solicitudes reunieron los requisitos exigidos”.

Adicionalmente, la Procuraduría ha pedido información sobre si alguna de estas peticiones ha dado lugar a medidas de protección por trámite de emergencia. En caso afirmativo, desean saber si estas medidas se han aplicado como resultado de órdenes judiciales y qué gestiones ha llevado a cabo la UNP desde que el Inpec declaró la emergencia carcelaria en febrero del año en curso.

El asesinato de Elmer Fernández el 16 de mayo generó un fuerte impacto en la comunidad penitenciaria. La urgente respuesta de la Procuraduría tiene como objetivo prevenir futuros incidentes e incrementar la seguridad de aquellos que trabajan en entornos penitenciarios.

Según se conoció a través de las versiones del exsubdirector del mismo centro penitenciario, Óscar Tobar, el asesinado director había recibido amenazas antes de su asesinato, lo cual generó interrogantes sobre la eficacia de las medidas de seguridad implementadas. “El caso de Fernández debe servir como un llamado de atención para revisar y fortalecer los protocolos de protección,” enfatizó la Procuraduría.

De hecho, la emergencia carcelaria declarada por el Inpec ha llevado a una serie de medidas para intentar gestionar de manera más eficiente las situaciones de riesgo dentro del sistema penitenciario. No obstante, la falta de recursos y respuesta adecuada por parte de la UNP ha sido un obstáculo significativo. Por eso el ente de control afirmó que “necesitamos un compromiso más firme de todas las entidades involucradas para garantizar un entorno seguro para quienes cumplen su labor en nuestras cárceles”.

La solicitud de la Procuraduría busca asegurar que se implementen medidas efectivas y que se agilicen los procesos de protección, brindando una respuesta adecuada a las amenazas dirigidas a los funcionarios del Inpec. Esta situación expone la necesidad de un seguimiento riguroso y una colaboración estrecha entre las distintas entidades gubernamentales implicadas.

En lo que respecta al director de la cárcel de Girón, este ha señalado que, a pesar de las solicitudes de protección, no ha recibido una respuesta adecuada y teme por su vida. “Las constantes amenazas y la falta de protección adecuada nos están dejando vulnerables,” comentó el funcionario en una reciente entrevista.