No habrá libertad para delincuentes: secretario de Seguridad de Bogotá aclaró cuál es el plan para reducir el hacinamiento en las URIs

El hacinamiento en los centros de detención transitoria de Bogotá es un problema crítico. Por eso, la Alcaldía de Bogotá tiene varias metas con miras a mitigar esa situación. Sin embargo, la administración local aclaró que no se apelará a la impunidad para lograr ese objetivo.

Actualmente, las Unidades de Reacción Inmediata (URIs) presentan un hacinamiento del 144%, con casi tres mil personas recluidas en espacios diseñados para solo 1.227. No obstante, el Distrito ha anunciado un plan ambicioso para modificar esta situación.

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Dentro del Plan Distrital de Desarrollo, Bogotá planea poner en operación cuatro nuevas infraestructuras destinadas a la atención de personas privadas de la libertad, así como un centro especial de reclusión transitoria con 260 espacios adicionales, según dijo el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, a Infobae Colombia.

Además, otra de las metas consiste en continuar con la gestión para hacer realidad segunda cárcel distrital, que estará ubicada junto a los predios de la cárcel La Picota, y así aliviar la sobrepoblación carcelaria. “Con esto proyectamos tener más de 2.000 cupos adicionales”. El secretario Restrepo indicó que la meta es el deshacinamiento, pero eso no implica que la Alcaldía interfiera sobre las decisiones judiciales.

“Quiero aclarar que no se trata de dejar de encarcelar a delincuentes, sino de implementar una política integral (...) Es importante destacar que solo los jueces tienen la autoridad para decidir sobre la libertad de los presos”, indicó el secretario a este medio.

Esto contradice lo que había sugerido el concejal del Centro Democrático Julián Uscátegui, quien sostuvo que alrededor de 1.700 delincuentes saldrían de las cárceles de la ciudad debido a una política de “justicia restaurativa”.

“En el Plan de Desarrollo se ha destinado 264.000 millones de pesos para la construcción de nuevas instalaciones, y 450.000 millones de pesos para el funcionamiento del sistema carcelario y la aplicación de la ley en la ciudad”, señaló Restrepo. Con esta inversión se espera que Bogotá llegue a 3.500 cupos carcelarios al finalizar la administración de Galán.

Hay que mencionar que una de las seis metas que hace parte del plan de Galán durante los próximos cuatro años para mejorar los servicios centrados en la justicia sí es “implementar un plan de descongestión carcelaria, tratamiento a las personas privadas de la libertad y acompañamiento en el post egreso”. No obstante, dice el funcionario, esto pertenece a una estrategia para el cumplimiento de las normas vigentes sobre la resocialización.

“La ciudad tiene la obligación, por las leyes y la política criminal, de ofrecer unos servicios con los cuales se hace tratamiento a los presos de manera intramural o, en los casos en los que los jueces decidan que las personas no van intramurales, sino que cumplen algunas condenas por fuera de las cárceles, esos servicios ayudan a la resocialización y a la reinserción a la reintegración a la sociedad”. Así las cosas, los más de 400.000 millones de pesos se destinan a mantener iniciativas de resocialización que son necesarias para evitar la reincidencia.

“Mientras se desarrolla el Plan de Desarrollo, estamos buscando soluciones jurídicas para activar centros de reclusión temporal con las condiciones adecuadas. Existe un marco jurídico que permite a entidades privadas ofrecer estos servicios, y estamos terminando de estructurar un modelo para contratar y definir estos espacios”, detalló el secretario Restrepo.

Hay que mencionar que el problema del hacinamiento en Bogotá hace parte de una crisis que viene desde años atrás a nivel nacional y se debe, en parte, a una falta de capacidad carcelaria, tanto para personas condenadas como para aquellas en tránsito.

“Entendemos que la percepción de inseguridad persiste, aunque hemos obtenido resultados positivos y trabajamos en mejorar la seguridad en la ciudad. Sin embargo, cambiar la percepción pública toma tiempo y requiere de un esfuerzo constante”, concluyó Restrepo en diálogo con este medio.

Justamente, la Alcaldía de Bogotá, en colaboración con Asocapitales, respalda un proyecto de ley destinado a reestructurar el sistema con el fin de lograr una distribución más eficiente de los recursos a lo largo y ancho del país, y así abordar el problema del hacinamiento carcelario.