Mientras el Gobierno nacional está en la puja por lograr el nombramiento de rector encargado, en tanto se logra desenredar el proceso de elección presuntamente ”irregular” que dejó a José Ismael Peña como el rector de dicha institución, el Juzgado Octavo Penal del circuito para adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá, emitió un fallo contra la tutela que, precisamente, daba vía libre a la designación de reemplazo de Peña Reyes.
De acuerdo con el contencioso administrativo, la tutela solicitaba “designar un representante legal (rector encargado) que le permita a la Universidad Nacional de Colombia ejercer derechos y obligaciones ante terceros, garantizar el ejercicio de la función pública de los empleados públicos y el ejercicio de la ordenación del gasto de las autoridades de la Universidad”.
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El mecanismo de protección fue interpuesto por la ciudadana Johanna Castiblanco Puentes, que funge como profesional vinculada a la Vicerrectoría de investigación de la Universidad Nacional, en contra del Consejo Superior Universitario (CSU), al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales al formalizar la designación del profesor José Ismael Peña como rector. Indicó que por ello se le viola su derecho al trabajo, mínimo vital, salud y la personería jurídica de la universidad, sin legitimidad para hacerlo en nombre de la institución.
Castiblanco añadió en la tutela que el CSU “no ha realizado actos administrativos ejecutoriados que den certeza a la comunidad universitaria que el mencionado (José Ismael Peña) ya se encuentra debidamente posesionado como rector”. Mencionó también, que el caso de la elección de Peña no ha permitido que otros directivos recién nombrados en la institución universitaria puedan asumir sus obligaciones.
No obstante, el juzgado desestimó dichos argumentos, indicando que “no hay prueba de por medio que acredite que a la referida se le iría a separar del cargo en razón a que solo se cuenta con apreciaciones subjetivas de ello de cara al material probatorio aportado”.
Por ello, el juzgado llegó a la conclusión de que no resulta procedente el alegato, debido a que el proceso de elección de Peña se realizó ajustado a la norma de la Institución de Educación Superior: “(...) ciertamente no sería procedente el amparo reclamado con el fin de ordenarle al Consejo que designe un representante legal, cuando su formalización se adelantó conforme a la normatividad fijada en la ley y reglamentos internos de la Universidad y solo se estaría a la espera que el Ministerio de Educación agote lo requerido para que se cuente con la respectiva certificación de representación legal”, anotó el fallo.
Elecciones de representación estudiantil con pocas opciones y denuncias de hostigamiento
Tras la renuncia de Sara Jiménez y su suplente como representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional, el camino para elegir rector encargado que reemplazaría a José Ismael Peña, mientras se investiga y verifica el proceso que llevó a su elección, se ha hecho aún más complejo.
En ese sentido, en la jornada del martes 21 de mayo, la comunidad estudiantil fue convocada a elecciones del su representación en el CSU. Esto, en medio de pocas opciones y reporte de hostigamientos hacia las candidatas.
Las aspirantes a ocupar el rol de Jiménez son Ana María Manrique y Laura Quevedo, estudiantes de Ingeniería Ambiental y maestría en Medio Ambiente y Desarrollo respectivamente, quienes han rechazado de manera tajante la designación de Ismael Peña como rector. Decidieron no pronunciarse durante las elecciones, marcadas por la tensión entre organizaciones estudiantiles.
Por su parte, Manrique denunció persecución de Miguel Caicedo, representante estudiantil de posgrados de Ciencias Agropecuarias en Palmira, acusándola de ser la causante del paro actual en la Nacional.
“A través de denuncias anónimas han querido relacionar su aspiración con el sector que desconoce la consulta a la comunidad académica y así cuestionar su independencia”, indicó el comunicado de la Red de Profesoras Universitarias por los casos de hostigamientos contra las estudiantes.