Procuraduría pidió suspender el debate de la reforma pensional en la Cámara de Representantes

El punto principal de la agenda en la Cámara de Representantes este 21 de mayo era continuar con la discusión de la reforma pensional. Sin embargo, la Procuraduría General emitió una decisión que podría afectar la normalidad del legislativo.

La entidad de control solicitó como una “medida provisional urgente” la suspensión del debate sobre la reforma pensional que actualmente avanza en la Cámara de Representantes. Con base en los argumentos presentados en una tutela radicada por la oposición, el organismo indicó que no se han dado las garantías necesarias a los partidos de oposición para presentar el informe de la ponencia del proyecto de ley.

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En el documento se lee que “la petición radicada por los ponentes del proyecto de ley fue arbitrariamente negada por la Mesa Directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes”, lo que impidió que existiera “un mínimo de racionalidad deliberativa”, que es necesario que se dé en el Congreso según la Corte Constitucional.

La decisión, firmada por la procuradora delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda, concluye que el debate se puede retomar hasta el próximo sábado 25 de mayo.

Hay que mencionar que solo quedan cinco semanas en el calendario legislativo para que la reforma pensional pueda pasar en la Cámara de Representantes, pues la primera legislatura termina el 20 de junio. Si no logra debatirse en ese tiempo, se hundirá como otros proyectos.

La oposición presentó una tutela solicitando la suspensión del debate de la reforma pensional hasta que los partidos en contra del proyecto de ley pudieran presentar su ponencia.

La acción legal fue respaldada por los partidos políticos Cambio Radical y el Centro Democrático, que pedían a la Mesa Directiva de la Comisión que les concediera un plazo de al menos 15 días para presentar su propia ponencia, en lugar de una semana.

Al respecto de la decisión se pronunció el Partido Cambio Radical en su cuenta de X: “La Procuraduría General de la Nación hace respetar nuestros derechos como oposición que el Pacto Histórico y la mesa directiva de la comisión séptima de la Cámara de Representantes quieren pasar por alto. El Gobierno y su aplanadora en el Congreso deben entender que tienen que respetar la Ley y la institucionalidad”.

Los congresistas ponentes, Betsy Pérez de Cambio Radical y Juan Felipe Corzo del Centro Democrático, argumentaron que el proyecto no debe tramitarse apresuradamente. Señalan que, mientras en el Senado se le otorgó 15 días a la oposición para que presentara su ponencia sobre la reforma pensional, en la Cámara el plazo establecido fue solo de 7 días.

Consideran que este tiempo es insuficiente, dada la magnitud del proyecto y su impacto potencial en la vida de los colombianos. En la tutela se lee: “Es fundamental para el ejercicio de la democracia y para la construcción de una ponencia, obtener todos los insumos posibles desde las distintas ópticas y posturas de actores, vinculados y/o afectados por el proyecto”.

La tutela señala que se violaron los derechos fundamentales de los representantes Pérez y Corzo a la participación política, a ejercer la oposición y al debido proceso.

Finalmente, la Procuraduría explicó: “El proyecto pretende modificar la estructura y operación del Sistema General de Pensiones mediante un texto compuesto por 95 artículos y más de 300 páginas, en las cuales, aproximadamente el 50% del articulado estará sujeto a reglamentaciones y decisiones por parte del Gobierno Nacional; decisiones trascendentales que deben ser objeto de amplio debate y análisis técnicos, económicos, jurídicos, tecnológicos, entre otros, por parte de la Comisión”.