Gobierno destinó $4.722 millones para indemnizar a las primeras víctimas del genocidio de la Unión Patriótica

El Gobierno nacional anunció que gracias a la expedición de 54 resoluciones de pago por un valor de $4.722 millones se beneficiará a 77 víctimas de familiares y víctimas directas del “genocidio” contra los miembros y partidarios de la Unión Patriótica (UP).

De acuerdo con la Presidencia de la República, los proceso de pagos iniciaron el jueves 18 de abril y se espera que a finales de mayo de 2024 se logre una entrega de 1.679 millones más para completar un total de $6.401 millones.

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La logística de entrega de la transferencia a estas víctimas están señaladas en el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27 de julio de 2022. Además, con corte al 20 de mayo, el Gobierno nacional ha recibido 1.706 solicitudes a través del formulario web y por correo electrónico de posibles víctimas.

A partir de la Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica (UP), instalada por el presidente Gustavo Petro, el Estado buscará indemnizar a 677 víctimas directas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, desplazamiento forzado, amenaza, lesiones, tentativa de homicidio y judicialización infundada.

Además de lo anterior, también se indemnizará a 761 víctimas por violaciones a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, y 5.503 víctimas por graves violaciones de los derechos humanos.

En el caso de las personas que son víctimas del conflicto armado, en especial de la Unión Patriótica, deberán seguir los siguientes pasos para acceder la indemnización otorgada por el Estado:

• Presentación de la solicitud: se puede realizar a través de la página web de la Comisión https://www.comisionidentificacionup.co/noticia-1/, por correo electrónico o de manera física en la sede de la Comisión.
• Aporte de los documentos: las víctimas deben aportar sus documentos que establezcan la identidad y aquellos que demuestren la relación de parentesco con las víctimas incluidas en los anexos I, II o III de la Sentencia. No se deben aportar pruebas del hecho violatorio.
  • Las solicitudes de constatación de los anexos II y III se trasladan al Estado, en otras palabras el Gobierno nacional tiene un plazo de 60 días para presentar prueba fehaciente con el fin de excluir víctimas de los anexos II y III.
• Estándar de prueba flexible: serán valorados de manera flexible los documentos aportados, sin que se requiera su autenticación o la formalidad de los mismos.

Igualmente, la Comisión para la identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica (UP) podrán decretar pruebas para los siguientes casos:

• Completar la documentación que hace parte del proceso y así realizar la constatación de identidad y/o parentesco.
• Verificar la autenticidad de la documentación aportada.
• Subsanar la información suministrada por la víctima, entre otros.

Frente al pago de la reparación económica, la Unidad para las Víctimas deberá hacer efectivas las reparaciones a favor de los solicitantes, conforme a los parámetros ordenados por la sentencia de la Corte IDH, lo anterior una vez la Comisión lleve a cabo las constataciones de identidad y/o parentesco.

Con estas compensaciones, y de acuerdo con la Unidad para las Víctimas, el Estado ha logrado un avance del 33% de indemnizaciones propuestas para 2024, que es de 163.314 giros por un valor de 1,4 billones de pesos, superando la meta anual fijada por la Unidad para las Víctimas de 105.000.

La Unidad para las Víctimas, con corte al 17 de mayo, destacó que el presupuesto anunciado por el Estado a inicios de 2024 es el más alto en la historia para reducir los tiempos de espera de quienes padecieron los embates del conflicto armado.

Finalmente, se calcula más de 9.680.200 víctimas registradas históricamente, de la cuales, 7.617.865 están sujetos a la atención y/o reparación. El boletín de datos puede ser detallado ingresando en el siguiente enlace: datospaz.unidadvictimas.gov.co.