La reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el coronel (r) Iván Darío Pineda Recuero de remitir su caso a la Unidad de Investigación y Acusación, tras su no aceptación de los cargos por la ejecución extraoficial de, al menos, 130 civiles en el departamento de Antioquia, despertó el malestar del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Según indicó en su cuenta de la red X, los soldados colombianos perdieron la oportunidad de defenderse de las acusaciones con la creación de la justicia especial, pues estarían obligados a aceptar su responsabilidad, así no la tengan, o someterse a sentencias de prisión si así lo decide la JEP.
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“A esto sometieron a los militares en La Habana. Cuánto pedimos que no los igualaran con el terrorismo. Si no aceptan el delito se exponen a 20 años de cárcel. Por eso muchos prefieren reconocer un crimen no cometido que correr el riesgo de la cárcel. Y si reconocen el delito no cometido nadie en la JEP podrá decirles lo contrario”, señaló.
Y es que el exmandatario siempre se ha visto en desacuerdo con la creación de la justicia especial, pues en varias oportunidades su nombre se ha visto vinculado a los macrocasos que indaga la JEP. De hecho, su último reparto a esa jurisdicción se dio cuando el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso fue aceptado para aportar su verdad en las presuntas alianzas entre las Fuerzas Militares y las autodefensas en la comisión de delitos.
Además, Mancuso también acusó al exjefe de Estado de estar enterado de la masacre de El Aro mientras fungía como gobernador de Antioquia, lo que desató una ola de críticas de Uribe contra la JEP por recibir, aparentemente, versiones sin ninguna prueba más que su palabra.
“Este bandido de Salvatore Mancuso ahora cambia de versiones sobre el Aro para justificar el beneficio de la creación dolosa de la teoría bisagra de la JEP-FARC. Lo agregaré a las denuncias en Estados Unidos y ante la Fiscalía de Colombia”, señaló en su momento.
Sin embargo, el nuevo reparo del expresidente contra esa justicia se da después de conocerse que el coronel retirado del Ejército Nacional Iván Darío Pineda Recuero se enfrentará a un juicio por su presunta responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas en la región del oriente antioqueño entre 2002 y 2003.
La Jurisdicción Especial para la Paz ha decidido remitir el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para determinar si se le acusará formalmente ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del tribunal pacífico. De ser encontrado culpable, Pineda Recuero podría enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel en la justicia ordinaria.
El llamado a juicio se da después de que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP declarara al coronel (r) Pineda Recuero como penalmente responsable de homicidio de personas protegidas y desaparición forzada, conductas que son consideradas crímenes de lesa humanidad.
Según un documento emitido en agosto de 2023, los delitos ocurrieron mientras Pineda Recuero era comandante del Batallón de Artillería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez’, entre el 17 de enero de 2003 y el 4 de diciembre de 2003. En este período, la JEP documentó un patrón criminal y tres modalidades diferentes desplegadas en el territorio.
Las investigaciones de la JEP indican que las víctimas en el oriente antioqueño fueron detenidas en sus hogares, lugares de trabajo o mientras utilizaban el transporte público. Posteriormente, se les señalaba como guerrilleros, milicianos o colaboradores de la guerrilla, para luego ser asesinados y presentados falsamente como bajas en combate.
La magistrada Catalina Díaz destacó que, de los 102 miembros de la fuerza pública imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, 92 han reconocido su responsabilidad, mientras que el caso de Pineda Recuero se encuentra entre los 12 remitidos a la UIA por no aceptar su culpabilidad.
Pineda Recuero fue citado en repetidas ocasiones para rendir versión voluntaria de los hechos, pero no compareció, razón por la que la JEP, con la ayuda de la Cancillería y Migración Colombia, logró encontrarlo en el estado de Florida (Estados Unidos). Desde allí, participó en una diligencia virtual donde tuvo acceso a los informes y declaraciones de sus subordinados, en los cuales fue mencionado.
“Acorde a los términos establecidos en el auto enunciado, me permito manifestar que no acepto la responsabilidad de las imputaciones que hace la Sala en la citada providencia judicial, por lo cual, asumiré el proceso adversarial”, indicó Pineda Recuero en una comunicación escrita el 10 de octubre de 2023.
El caso, conocido como caso 03, investiga distintos asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Según la JEP, hasta la fecha se han imputado crímenes graves a miembros de la fuerza pública, un agente del Estado y tres civiles. De estos casos, los procesos de 12 comparecientes que no aceptaron su responsabilidad fueron enviados a la Unidad de Investigación y Acusación. Además, tres participantes han sido ya acusados ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento del tribunal para la paz.