Solicitan a la JEP que “infundir terror a la población” sea considerado como crimen de lesa humanidad

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) incluir un nuevo delito, perpetrado por las Farc, como crimen de lesa humanidad.

Se trata de la estrategia de “infundir terror” como forma de sometimiento a las poblaciones de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño). Para el Ministerio Público, se debe establecer que los delitos producto de esa estrategia no fueron hechos aislados, sino que hicieron parte integral de la política de control social y territorial de las Farc.

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En un análisis exhaustivo, que abarcó casi 4.000 hechos victimizantes, se estableció que la violencia reproductiva representó uno de los crímenes más graves cometidos. Ante esto, la procuradora delegada con Funciones de Intervención ante la JEP, Uldi Teresa Jiménez, solicitó añadir el crimen de lesa humanidad de “otros actos inhumanos” debido a los graves sufrimientos infligidos a los menores reclutados por las Farc, así como por los malos tratos infligidos dentro de las filas y las agresiones contra la población civil víctima de la violencia reproductiva.

La Procuraduría también expresó preocupación por el enfoque utilizado por la JEP en el análisis de autoría de los crímenes imputados, señalando que se realizó de manera generalizada e idéntica para todos los máximos responsables cobijados bajo esa jurisdicción.

Para el ente de control disciplinario, es crucial analizar individualmente la contribución de cada mando en la comisión de las conductas criminales. “La mayor alarma se genera frente a las atribuciones por violencia sexual”, subrayó Jiménez en su intervención.

Otra de las graves afectaciones que la Procuraduría destacó fue el impacto negativo sobre los pueblos étnicos, afirmando que estas agresiones no fueron incidentales, sino que generaron un patrón de violencia que puso en riesgo la pervivencia de las comunidades indígenas, fenómeno denominado etnocidio. “Estas acciones formaron parte de una política sistemática de destrucción cultural y social”, sostuvo la procuradora delegada.

Asimismo, subrayó la necesidad de atribuir el daño ambiental causado por la deforestación, la alteración de ecosistemas y la contaminación de fuentes de agua y suelos. Estos daños ocurrieron en el marco del control, promoción y explotación de cultivos de uso ilícito por parte de las Farc en su cadena de narcotráfico.

Para la Procuraduría, esta actividad no solo impactó el medio ambiente, sino que también desestabilizó la cohesión social y la estabilidad de las comunidades afectadas.

Uldi Teresa Jiménez hizo hincapié en que estas acciones deben reconocerse como parte de una estrategia deliberada de terror y control, y no como eventos aislados. “Los delitos resultantes de esta estrategia tienen que ser abordados como crímenes de lesa humanidad”, concluyó.

En resumen, la solicitud de la Procuraduría a la JEP busca una revisión más detallada y precisa de las contribuciones individuales de los mandos de las Farc, así como el reconocimiento de los múltiples y complejos efectos de sus políticas, tanto en términos de violencia directa como de impacto social, cultural y ambiental.

Así las cosas, la estrategia de “infundir terror” y los delitos que derivaron de esta deben hacer parte del reconocimiento de verdad que hacen los comparecientes del macro caso 002, que investiga la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por las extintas Farc.

Un crimen de lesa humanidad es un delito grave que se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento de dicho ataque. Estos crímenes incluyen, pero no se limitan a, asesinatos, exterminios, esclavitud, deportaciones, encarcelaciones, torturas, violaciones, desapariciones forzadas y otros actos inhumanos que causan un gran sufrimiento o atentan contra la dignidad humana.