El director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, Daniel Osorio, llamó la atención del Gobierno de Gustavo Petro sobre uno de los artículos del proyecto de reforma pensional que fue aprobado por el Senado de la República y ahora deberá surtir dos debates en la Cámara de Representantes para, en caso de recibir el visto bueno, pasar a conciliación y luego a sanción presidencial.
Según Osorio, este artículo debe ser revisado con urgencia debido a que podría impactar la sostenibilidad fiscal del país.
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La alerta se emitió durante una audiencia pública en la Cámara de Representantes en la que el funcionario expresó que, si bien el proyecto de reforma contiene numerosos puntos positivos y tiene una gran importancia para el Ejecutivo, hay elementos que necesitan ser analizados a fondo antes de la aprobación final.
Este artículo en concreto, que fue añadido durante la plenaria del Senado y resultó crucial para conseguir los votos necesarios para aprobación, propone un trato diferencial en materia de pensiones para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y campesinos.
Régimen para las minorías étnicas
Osorio explicó que dicho artículo podría generar un “régimen paralelo” específico para las minorías étnicas, lo que conlleva implicaciones importantes para el presupuesto nacional. “Hay que ser cuidadosos, sobre todo en términos del costo fiscal y de la capacidad del Gobierno de hacer que esto se cumpla y que no haya colados en este régimen”, afirmó el funcionario.
Uno de los principales puntos de preocupación es la posible laxitud (ablandamiento) en los requisitos para pensionarse que se aplicaría a los campesinos, lo que podría traducirse en nuevos gastos significativos para el Estado. De acuerdo con él, es esencial definir de forma clara quién puede considerarse campesino para evitar mal uso de este beneficio.
Un ejemplo ilustrativo, dijo el funcionario, sería alguien que “tenga una finca de muchos miles de millones de pesos en algún lugar cercano a Bogotá, y utilice eso para ser parte de un régimen pensional con edades distintas”.
Repercusiones fiscales
También enfatizó que otorgar protecciones especiales a poblaciones históricamente afectadas es loable, pero resaltó la necesidad de revisar de manera detallada este artículo debido a sus potenciales repercusiones fiscales. “Va a ser crítico cómo se reglamenta esto (…) para que tengamos gente que se declara campesino”, mencionó.
Además, señaló que la aplicación de un régimen con diferentes edades y requisitos para jubilación podría generar desigualdades y un aumento en los gastos del Estado.
“Eso vale la pena revisitarlo y mirarlo cuidadosamente, sobre cómo la ley también protege la sostenibilidad fiscal y el buen ejercicio de lo que el Gobierno quiere hacer para proteger las minorías”, concluyó el director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, Daniel Osorio.
Impuestos a pensiones
Otro punto que tocó el funcionario es la necesidad de corregir el artículo que fijaba el tope para gravar las pensiones, ya que se omitió la palabra “mensual”, lo que generaba confusión. Afirmó que “el Gobierno en ningún momento pretende que las pensiones de $2 millones paguen impuestos”. Esta corrección busca proporcionar claridad y evitar malentendidos respecto a la política fiscal del Gobierno.
Asimismo, hizo un llamado a los representantes a la Cámara para que revisen con cuidado los artículos aprobados, sobre todo en términos de costo fiscal. Indicó que se debe buscar un sano equilibrio entre los beneficios que se quieren ofrecer a los colombianos y las cuentas fiscales del país.
“Es vital ser cuidadosos con el impacto fiscal de las disposiciones aprobadas”, insistió. La prudencia en la revisión legislativa busca el sustento financiero necesario para cualquier cambio en las políticas económicas.
Otra de las preocupaciones del Daniel Osorio es el impacto en las finanzas públicas de algunos artículos relacionados con las cuentas generacionales. Por eso, para él es importante darle una mirada al tema de las cuentas generacionales por el impacto que esto tendrá en las finanzas públicas, a pesar del beneficio que esto representa.