La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que cerró la etapa de investigación disciplinaria adelantada contra funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riego de Desastres (Ungrd) por las presuntas irregularidades durante el proceso de compra de carrotanques de reserva de agua para La Guajira.
El Ministerio Público también anunció que tras los alegatos a los que tienen derecho los sujetos procesales se procederá a evaluar la etapa procesal, es decir que el ente de control tomará la decisión de llevar a juicio a los involucrados o si se excluyen de responsabilidad.
La Tercera Delegada para la Contratación Estatal incluyó en el expediente al exdirector general de la Ungrd, Olmedo López Martínez; el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez; y el subdirector General, Víctor Andrés Meza Galván. De acuerdo con la Procuraduría, estas personas habrían participado en las actuaciones objeto de la investigación.
Con la conclusión de esta etapa, la Procuraduría procederá a evaluar las pruebas que solicitó en su momento y los testimonios que se escucharon como parte del proceso.
Así las cosas, el Ministerio Público evaluará si a partir de ello hay razones “para determinar que las presuntas actuaciones constituyen faltas disciplinarias y definirá si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
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Olmedo López y Sneyder Pinilla ya se presentaron en la Fiscalía General de la Nación con el propósito de buscar un preacuerdo, a cambio de contar todo lo que pasó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y cómo presuntamente se utilizó parte del presupuesto para agilizar el tramite de las reformas sociales planteadas por el Gobierno nacional.
De acuerdo con Pinilla, fueron entregados 4.000 millones de pesos a los presidentes del Senado y Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle respectivamente. El exsubdirector de la Ungrd manifestó que 3.000 millones habrían sido entregados a Name a través de la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, mientras que a Calle supuestamente recibió 1.000 millones en su apartamento.
La Procuraduría General de la Nación también dio a conocer que abrió una indagación previa por las presuntas irregularidades en un contrato para la ejecución del programa de ollas comunitarias en Albania departamento de La Guajira.
El ente de control aseguró que de acuerdo con informaciones periodísticas, el dinero destinado al programa de asistencia alimentaria en ese municipio habría sido desviado para campañas electorales, entre ellas, la de la alcaldesa de dicha localidad.
“Los medios de comunicación señalan también que, adicionalmente las manipuladoras y proveedores subcontratados para la ejecución del programa no habrían recibido sus pagos desde septiembre de 2023″, indicó la Procuraduría en su pronunciamiento.
La información a la que hace referencia la Procuraduría fue revelada por Caracol Radio, en donde aseguran que un contrato destinado a ollas comunitarias en Albania, La Guajira, valorado en 20.400 millones de pesos, es objeto de una investigación. Las campañas implicadas incluyen las de la alcaldesa Nera Robles, del partido Mais, así como las de la congresista Martha Peralta, del Pacto Histórico, y la del representante conservador Juan Loreto Gómez.
Esta indagación preliminar por parte del ente de control, también se suma a la investigación por posibles irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con relación a la ejecución de este mismo proyecto en Córdoba.
El Ministerio Público solicitó, entre otras pruebas, la documentación del contrato de ollas comunitarias en Albania, e información que permita establecer si la función de ordenador del gasto fue delegada a una autoridad distinta al director general de la Ungrd.
Con esta indagación previa, el ente de control busca identificar o individualizar al posible autor o autores de la presunta falta disciplinaria.
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