Jóvenes encarcelados que protestaron durante el estallido social de 2021, por el inconformismo con el gobierno del expresidente Iván Duque, podrían quedar en libertad, o eso es lo que están buscando el primer mandatario Gustavo Petro y el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Pues, los ciudadanos, que podrían hacer parte de la denominada Primera Línea, habrían sido puestos tras las rejas “injustamente”.
La idea es que la Fiscalía General de la Nación emita una directriz con la que se indique que las personas que fueron detenidas por hechos ocurridos en protestas no sean imputadas con cargos por terrorismo o concierto para delinquir. Esto que implicaría que varios jóvenes podrían quedar libres, por lo menos, para afrontar sus procesos penales fuera de las rejas.
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“Habría que mirar, habría que distinguir los que estén condenados, los que estén sindicados, lo que los abogados soliciten. No es una cosa automática, pero, efectivamente, podría, si hay un cambio de imputación para los que no estén sindicados y por el tiempo que ha pasado, si están privados de libertad, pues podríamos estar ante una causal de libertad condicional para que atiendan el juicio en libertad”, precisó el ministro Osuna ante varios medios de comunicación.
La propuesta del Gobierno Petro, que está siendo evaluada por la Fiscalía, ha generado una ola de críticas y de incógnitas, tanto así, que el ente acusador salió a explicar que, si se decide emitir dicha directriz, el futuro de los procesos contra los jóvenes en realidad no estaría en sus manos. “En cualquier caso, la palabra definitiva sobre este tema la tendrán los jueces penales competentes y, en última instancia, la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria colombiana”, informó la Fiscalía en X (antes Twitter).
Además de eso, la directriz no tendría efectos definitivos sobre los procesos, sobre todo, si las personas encarceladas sí cometieron actos de terrorismo o de concierto para delinquir. Según declaraciones que el exfiscal Guillermo Mendoza otorgó a Blu Radio, habría que analizar si la conducta de los jóvenes encaja o no en dichos delitos, que no se pueden sacar de las imputaciones solo con la dicha directriz.
En ese sentido, no hay garantías de que, en efecto, vayan a quedar en libertad. Hay casos que ya están en etapa de juicio, por lo que le correspondería a la Fiscalía demostrar que hubo fallas en la imputación de cargos. Entonces, los casos podrían ser estudiados, sin que eso sea garantía de que los procesados puedan defenderse en libertad. Para aquellos que ya fueron condenados, sus procesos podrían pasar a ser revisados en otras instancias, pero eso no garantizaría que quedaran absueltos, según detalló para la emisora el exfiscal Eduardo Montealegre.
El exfiscal Mendoza resaltó que la directriz sí podría servir para ayudar a desmantelar la estigmatización que recae sobre la protesta social, postura que compartió el abogado Rubén Darío Acosta en Blu Radio: “No existe ninguna posibilidad, de que un derecho constitucional pueda ser interpretado de forma punitiva, que termine convirtiéndose en un acto criminal (sic). Deben ser investigados las personas que cometieron delitos como terrorismo y concierto para delinquir, pero no señalar toda la protesta”, aseveró.
Según el abogado penalista Julián Quintana, no es verdad que las personas que están detenidas esperando un fallo accedan al beneficio de “libertad condicional”, como afirmó el ministro de Justicia, porque eso solo aplica para quienes ya han sido condenados. Además, indicó que las imputaciones no pueden cambiarse, únicamente se hace una “variación en la clasificación” desde el punto jurídico, no fáctico. “Preocupa mucho que, además de estas profundas imprecisiones, quieran pasar por encima de la constitución, la ley y los jueces”, afirmó el abogado.