Ecopetrol está envuelta en un escándalo porque, presuntamente, la compañía habría financiado a grupos paramilitares del país. Así lo indicó el presidente Gustavo Petro durante una alocución del 7 de mayo de 2024 en la que aseguró que en la polémica no solo estaría involucrada la empresa petrolera, sino también organismos de control que, presuntamente, habrían encubierto las irregularidades de los funcionarios.
“Los hallazgos en Ecopetrol son profundamente alarmantes: por decenas de miles de millones de dólares han salido recursos de la petrolera para financiar personas, paramilitares y la política. Ecopetrol es el escenario del gran desfalco de la Nación, encubierto permanentemente por órganos de control y sin investigación penal”, manifestó el mandatario en su alocución.
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Estas declaraciones fueron una respuesta para tres expresidentes de Ecopetrol que enviaron una carta al presidente cuestionando una publicación en X (antes Twitter) en la que indicó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está investigando el caso y que el Gobierno “apoya” el proceso judicial.
“Rechazamos de forma categórica esas afirmaciones falsas y temerarias pronunciadas sin pruebas ni sustentos fácticos que afectan a uno de los principales activos de Colombia, de la que son accionistas la Nación, con el 88.5% y cerca de 250.000 accionistas minoritarios, la mayoría de ciudadanos colombianos a quienes suman 19 millones de mujeres y hombres en todo el país que tienen parte de sus ahorros en la empresa a través de las inversiones y portafolios de los fondos de pensiones y cesantías”, manifestaron los expresidentes de la compañía en la carta.
Frente a la investigación que adelanta la JEP, el actual presidente de la compañía, Ricardo Roa, que también está siendo investigado por la presunta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro, en la que fungió como gerente, indicó a medios de comunicación que está dispuesto a ayudar a la justicia con lo que se requiera. “Vamos a aportar a las entidades, a la JEP que nos ha hecho un requerimiento, vamos a seguir trabajando con ese compromiso de colaborar en las investigaciones”, precisó el funcionario.
Aclaró que las denuncias con respecto a la presunta financiación de paramilitares no son nuevas, de hecho, hay “muchas”; algunas, incluso, tienen que ver con hechos ocurridos hace 20 años. Además, indicó que han identificado robos en Ecopetrol que han sido “importantes y sistemáticos”, los cuales deben ser investigados. En ese sentido, precisó que la empresa está comprometida con la legalidad, por lo que ha estado actuando en compañía de los ministerios del Interior, de Justicia y de Defensa, en aras de evitar actos delictivos al interior de Ecopetrol.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ya solicitó a la empresa que entregue información sobre más de 40 personas que estarían involucradas en dicha alianza, entre ellas, algunos exfuncionarios de la refinería ubicada en Barrancabermeja. Los datos deben ser enviados antes del 25 de mayo de 2024.
La JEP indaga la veracidad de declaraciones de algunos comparecientes, que han revelado los presuntos nexos de la petrolera con las organizaciones paramilitares. “[Se investiga] la presunta realización de reuniones entre miembros de grupos paramilitares, integrantes de la fuerza pública y funcionarios de Ecopetrol en el Club Miramar y en la Casa de Huéspedes, y sobre el uso de los helicópteros que se encontraban al servicio de Ecopetrol para el transporte de insumos ilegales para la puesta en marcha de operaciones cometidas por grupos paramilitares en la zona”, precisó la Jurisdicción.
Al parecer, tanto empleados como contratistas de la empresa habrían hecho parte de la alianza con estas organizaciones al margen de la ley en la década de los 90.