Las dudas sobre la ley de esterilización animal aprobada en el Congreso: estos son los desafíos económicos y logísticos

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el martes 14 de mayo el proyecto de ley que establece un programa nacional para la esterilización de perros y gatos, iniciativa promovida por la senadora Andrea Padilla.

La ley, prevista para entrar en vigor tras la sanción presidencial, propone como objetivo fundamental mitigar el crecimiento descontrolado de la población de estas mascotas mediante un esquema de esterilizaciones anuales.

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Este programa con el que se aspira a esterilizar al 10% de perros y gatos sin hogar o que residan en hogares clasificados en los grupos A, B y C del Sisbén. Según estimaciones del Ministerio de Salud, este esfuerzo implicaría realizar más de un millón de esterilizaciones por año, buscando impactar directamente en la reducción de la natalidad de estos animales en el territorio nacional.

La estrategia de Capturar, Esterilizar y Reubicar (CER) mencionada por la congresista a los medios de comunicación, destacó la importancia de un cuidado posoperatorio hasta la reincorporación del animal en su entorno o su entrega a un responsable.

“El profesional asegurará (...) el cuidado del animal hasta su reincorporación a la zona que habita o entrega al tenedor, propietario u hogar de paso”, dice el artículo 4 de la iniciativa.

Sin embargo, el proyecto ha generado ciertas preocupaciones respecto a su ejecución y efectividad. Desde el punto de vista de expertos como la bióloga Ana María Prieto y el viceministro general del Ministerio de Hacienda, Diego Guevara, se señalan retos significativos.

Por un lado, Prieto quien fue entrevistada por El Espectador, puso en duda que la esterilización por sí sola logre una disminución sostenible de la población de mascotas sin considerar otras medidas como la adopción y, en casos extremos, la eutanasia.

Por otro lado, el viceministro Guevara resaltó las limitaciones de infraestructura y recursos económicos como principales barreras para llevar a cabo la implementación a nivel nacional, sugiriendo que la responsabilidad de la esterilización debería recaer principalmente en los propietarios de los animales, con apoyo puntual de autoridades locales en situaciones específicas de superpoblación.

“Los ministerios involucrados (...) no cuentan con la infraestructura ni los recursos necesarios para garantizar campañas de salud animal a nivel nacional”, dijo el funcionario a El Espectador.

Y agregó: “La esterilización es una responsabilidad directa de sus propietarios, que puede ser asumida por los alcaldes, cuando se tenga identificada la superpoblación en espacios públicos y se cuente con los recursos necesarios”.

Así mismo, el viceministro afirmó que en el caso de que los municipios no cuenten con los recursos suficientes para subsidiar este procedimiento, pueden acudir a las entidades territoriales para que les destinen recursos para llevar a cabo la esterilización animal.

“Obligar a las entidades territoriales a acudir a sus ingresos corrientes de libre destinación, lo cual puede desembocar en el incumplimiento de la obligación por ausencia de recursos”, dijo el viceministro de Hacienda, Diego Guevara.

Este proyecto representa un esfuerzo legislativo notable dirigido a la gestión de la población de perros y gatos, confrontando un problema de bienestar animal y salud pública. Aunque la ley establece un marco para la acción, su éxito dependerá de la capacidad del gobierno para enfrentar desafíos logísticos, financieros y en la modificación de la conducta ciudadana en torno a la tenencia responsable de mascotas.

Colombia desarrollará un proyecto para la esterilización de perros y gatos, tras la aprobación de una iniciativa propuesta por la senadora Andrea Padilla. Este programa nacional, financiado por el estado, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los animales en el país.

El proyecto, que recibió un respaldo significativo en su trámite legislativo, obliga al Ministerio de Ambiente a reglamentar el programa con metas, indicadores y protocolos específicos. Según lo difundido, el programa se ejecutará mediante puntos fijos y quirófanos móviles, priorizando animales sin hogar, aquellos en refugios y pertenecientes a poblaciones vulnerables.

Los municipios y distritos también deberán llevar a cabo campañas de tenencia responsable y educación sobre la importancia de la esterilización, tal como establece la nueva normativa. Para municipios de categorías cuatro, cinco y seis, la financiación será del 100% por parte de la Nación, mientras que para los de categorías dos y tres, será cofinanciado en un 50%. Los distritos especiales y municipios de categoría uno, según su capacidad presupuestal, asumirán la totalidad de los costos.

La senadora Padilla señaló en RCN Radio: “Esta es la primera ley que le obliga a la Nación a destinar recursos para la protección de los gatos y perros, como una política de Estado. La esterilización es la acción más urgente en el país, de cara a la mitigación del sufrimiento de los animales de compañía”.

El programa nacional de esterilización se estima que costará aproximadamente $32.000 millones anuales, permitiendo esterilizar al 5% de la población de perros y gatos, según proyecciones del proyecto, el cual ahora debe pasar a conciliación y sanción presidencial. Ante el aumento del 32% en la población de estos animales entre 2019 y 2022 y el consecuente incremento en casos de sufrimiento y abandono, existe una necesidad urgente de controlar la natalidad.

El proyecto también subraya que una gata y su descendencia pueden reproducir hasta 28.812 animales en cinco años, mientras que una perra podría llegar a 5.000 en el mismo período. Este mismo también incluye disposiciones para que las entidades territoriales fomenten la adopción y conciencien a la ciudadanía sobre el cuidado responsable de sus mascotas.