Juan Camilo Restrepo se fue contra Petro por querer denunciar al Estado ante la ONU: “Ineficacia, desorden e improvisación permanente”

La advertencia que lanzó el presidente Gustavo Petro de acudir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar al Estado colombiano por el presunto incumplimiento del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, sigue causando revuelo político.

Uno de los que recientemente se pronunció al respecto fue el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, que a través de su cuenta en X (antes Twitter) calificó la decisión de Petro como una “inconsecuencia”.

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El exfuncionario del gobierno de Juan Manuel Santos señaló que: “Nunca se había escuchado mayor inconsecuencia: el jefe denunciando ante instancia internacional al propio Estado; del que él es el jefe”, y puso de presente el artículo 189 de la Constitución Política que establece que el presidente de la República actúa como “jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa”.

Para Restrepo, la implementación del Acuerdo Final de Paz, “cuya ejecución lenta o rápida depende de la acción y el empuje que le ponga el Gobierno y la administración pública en su conjunto que él también preside”. En ese sentido, recalcó que “no depende de una entidad abstracta llamada “Estado” sino de la gestión eficaz o no del Gobierno (Sic)”.

Además, no desconoció el hecho de que hay atrasos en la implementación del acuerdo de paz; pero señaló que dichos percances, “(...) le corresponde corregirlos es al propio Gobierno, y en lo que sea pertinente al Congreso, no a un ente abstracto llamado “Estado”, o a las Naciones Unidas que por lo demás han demostrado buena voluntad para que los acuerdos se implementen correctamente”.

Como ejemplo, el exjefe de cartera indicó que el Ministerio de Agricultura y otras dependencias como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) han contado con un presupuesto para la implementación del primer punto del Acuerdo Final de Paz.

“(...) han contado para la vigencia del 2024 con el presupuesto más cuantioso que nunca se había asignado a esta cartera para cumplir con el punto número uno de los acuerdos de paz, la reforma rural integral”, escribió en X.

Así las cosas, destacó: “Si hay tardanzas en la implementación de la política agraria descrita en el punto uno de los acuerdos de la Habana no es ciertamente porque haya fuerzas oscuras que no dejan que el Estado cumpla con sus obligaciones sino por razones diferentes atribuibles en gran parte a la ineficacia, al desorden y a la improvisación permanente en que vive el Gobierno que preside Gustavo Petro (sic)”.

El miércoles 15 de mayo, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, presentaron una solicitud ante la Corte Constitucional para que se lleve a cabo una audiencia pública.

La petición tiene como fundamento las demandas de presunta inconstitucionalidad que actualmente cursan en contra del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo. Esta disposición hace referencia a los mecanismos destinados a facilitar los procesos de compra de tierras mediante la oferta voluntaria.

Mojica y Harman argumentan que la anulación del artículo 61 “podría poner en riesgo el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz”. Además, señalaron que dicho artículo es vital para asegurar la distribución y acceso equitativo a la tierra, una de las estipulaciones clave del acuerdo.

Por esta razón, proponen la presencia de expertos en materia agraria durante la audiencia pública, para que aporten sus conocimientos y perspectivas. La diligencia solicitada incluiría la participación del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), el Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario y el Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.