Defensa de Gustavo Petro pidió archivar investigación que adelanta el CNE por irregularidades en la campaña

En un movimiento dentro del ámbito político de Colombia, Héctor Carvajal, defensor del presidente Gustavo Petro, le solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) la nulidad del proceso investigativo en curso, que señala presuntas anomalías en la campaña presidencial del mandatario.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Específicamente, este pedido de nulidad aboga por la cancelación de todas las acciones hasta la fecha, incluidas las pruebas recolectadas, bajo el argumento de que el CNE, como autoridad administrativa, carecería de la jurisdicción necesaria para proceder en contra del Presidente de la República, aludiendo a una vulneración del fuero presidencial y a las medidas cautelares instauradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde julio de 2022 a favor de Petro.

“El propósito de solicitar se decrete la NULIDAD de toda la actuación surtida en el presente asunto, por falta de competencia y por lo mismo, abstenerse, al momento de estudiar el proyecto que ha circulado en los medios, de formular pliego de cargos contra mi representado”, se puede leer en la primera parte del texto.

Añade que “teniendo en cuenta los argumentos de orden jurídico que expondré adelante y por cuanto no existe ninguna norma internacional, constitucional o de orden legal, que le permita al Consejo Nacional Electoral, investigar y juzgar al señor presidente de la República frente a denuncias por violación de topes y financiamiento irregular de la campaña que fueron interpuestas en tiempo o fuera del término conferido en la ley y por cuanto las referidas cuentas y la financiación de la campaña, ya fueron aprobadas y autorizada la reposición de votos, cuyo pago ya fue realizado”, finaliza el primer párrafo del apoderado del presidente.

Carvajal ha planteado que, de acuerdo a las regulaciones actuales, el CNE tenía un lapso limitado para avanzar en cualquier procedimiento sancionador relacionado con la campaña presidencial. “...el Consejo Nacional Electoral cuenta con la competencia para imponer sanciones... siempre que dichos hechos se conozcan durante este lapso o máximo dentro de los 30 días siguientes a la elección presidencial”, expuso, sugiriendo que cualquier acción fuera de este periodo es inviable. En línea con esto, recalca la importancia de archivar las diligencias realizadas y sugiere que las investigaciones deberían ser competencia de la Contraloría.

Además, el abogado hizo un llamamiento directo a los magistrados del CNE, específicamente a Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, quienes han propuesto la imputación de cargos contra Gustavo Petro. “...pido se abstengan los Honorables Magistrados de aprobar tal decisión”, insistió Carvajal, subrayando el riesgo de incurrir en procedimientos irregulares que podrían generar consecuencias disciplinarias y penales. Esta solicitud reviste un carácter preventivo ante la posibilidad de decisiones que se alejen de las competencias legítimas del CNE y del marco jurídico vigente.

El contexto de esta petición se ve intensificado por el hecho de que ha trascendido a los medios un proyecto de acto administrativo por parte del CNE que buscaría formalizar cargos contra el Presidente, lo que ha incrementado la polémica sobre la validez y los límites de la autoridad del Consejo en este asunto en particular. Carvajal argumenta que este tipo de acciones vulnera directamente los principios legales y constitucionales, haciendo especial énfasis en la protección otorgada a Gustavo Petro por medidas internacionales en materia de derechos humanos.

Este escenario se inscribe en una compleja trama de fiscalización y control a la financiación y los límites de gasto en las campañas presidenciales en Colombia, un tema que ha levantado ampollas en varios sectores de la sociedad y que pone a prueba los mecanismos de supervisión y sanción del sistema electoral del país. La resolución de esta solicitud no solo podría tener implicaciones directas sobre el actual mandato de Petro, sino que además podría redefinir los alcances de las entidades de control en futuras contiendas electorales.

Con información de las declaraciones y documentos presentados por las partes, este incidente aguarda ahora por la respuesta y el curso de acción que determine el Consejo Nacional Electoral, cuya decisión será determinante en este episodio de tensión entre la presidencia y los órganos de fiscalización electoral.