Revelan aparte de la audiencia de Ciro Ramírez ante la Corte Suprema, en el escándalo de las ‘Marionetas 2.0′

Ciro Alejandro Ramírez Cortés, senador que era considerado una de las figuras más prominentes del Centro Democrático, continúa en medio de graves acusaciones sobre hechos de corrupción que habría cometido aprovechándose de su curul como congresista. Y que lo tiene privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, a la espera de una decisión de su caso por parte del alto tribunal.

Sobre este caso, Noticias Caracol reveló el lunes 13 de mayo de 2024 apartes del interrogatorio efectuado por los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte, y que se extendió por casi 12 horas. En el mismo, Ramírez habría protagonizado algunas incongruencias, entre sus declaraciones y las evidencias que pesan en su contra, que lo tendrían a puertas de recibir una condena por hechos de corrupción.

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El excongresista, que perdió su curul por este caso, está involucrado en el convenio 670 de 2021 firmado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta Quindío, por orden de los $48.060 millones, y que estaba destinado para iniciativas de infraestructura vial y superación de la pobreza en los departamentos de Quindío, Valle del Cauca y Tolima.

En la diligencia, Ramírez se enfrentó a las preguntas del togado Marco Antonio Rueda, que le indagó por su participación en lo que sería el entramado de corrupción, al igual del papel que habría cumplido su asesora, Katherine Rivera Bohórquez, que sería el enlace del congresista con el DPS y los demás señalados en este escándalo: Pablo César Herrera, director de Proyecta y Alejandro Noreña Castro, su asesor y aliado del político boyacense.

“Mi misión siempre ha sido servir a las comunidades, buscar audiencias, sin el ánimo de enriquecerme o buscar contratos (...) voy a demostrar mi inocencia porque es un convenio del que nada tengo que ver”, afirmó el senador durante el interrogatorio.

Además de Pierre García Jacquier, en ese entonces subdirector de Proyectos del DPS e hijo del exsenador Carlos García Orjuela, al que acusaron de recibir coimas por el orden de los 1.000 millones de pesos. Ambos, Ramírez y García, estarían involucrados en la suscripción de cerca de 13 contratos, de los cuales el congresista habría recibido una importante “tajada”, según las denuncias en su contra, y que habrían sido entregados a los contratista Ánderson González y Raúl Cardozo Ordóñez.

De acuerdo con lo revelado por el citado medio de comunicación, Ramírez es investigado por haber copiado, entre otras, el modelo corrupto impuesto por el fallecido senador liberal Mario Castaño, que se habría visto beneficiado en 2021 por un contrato de $22.000 millones, entregado a Proyecta Quindío.

En su defensa, el congresista señalado el 11 de abril de la comisión de los delitos de concierto para delinquir, cohecho y celebración indebida de contratos, indicó que su relación con el directivo de Proyecta Quindío y su intermediación ante el DPS correspondía a labores de gestión para que se agilizara la ejecución de un convenio en el que Castaño tuvo participación; con lo que negó actos delictivos.

No obstante, el jurista Rueda le insistió a Ramírez sobre la reunión el 13 de octubre de 2021, un mes antes de la suscripción del convenio, en la que se encontró con Herrera y con García Jacquier. A lo que el congresista respondió que habría sido utilizado para que fueran atendidos en la entidad estatal; por lo que resultó salpicado en este caso. “Yo asumo que me utilizan para llegar a algún directivo”, indicó.

Además, al senador le leyeron el contenido de los chats en los que se acordaban con Herrera y Noreña reuniones urgentes, que tendrían como fin configurar el negocio entre manos. Con lo que también llamó la atención las coincidencias sobre la presencia de la asesora Rivera Bohórquez en estos encuentros; justo cuando se acercaba el inicio de la ley de garantías, en noviembre de 2021.

“Jamás he tenido la más mínima investigación sobre un contrato o un convenio”, agregó Ramírez, cuando dijo que lo que hizo fue sacarle una cita en el DPS a Herrera y Noreña, y no supo explicar por qué acudieron a sus oficios para un contrato que tenía como tramitador a Mario Castaño.

Del mismo modo, causó atención que el 5 de octubre de 2022 Ramírez visitó a Pablo Herrera en la cárcel. Según el excongresista, lo hizo por razones humanitarias, debido a que estaría siendo víctima de acoso sexual como senador. Pero para el togado resultó suspicaz que esta reunión se diera justo cuando el exdirectivo de Proyecta Quindío comenzó a contar lo que sabe sobre este proceso.

“Y eso que hace usted como senador de la República, lo hace en una línea de tiempo que coincide con la fecha en la cual él empieza a declarar en la Fiscalía. ¿Demasiadas coincidencias, senador?”, ripostó el magistrado Rueda. A lo que Ramírez dijo que sería muy torpe de su parte ir a coaccionar a su denunciante dejando todas las evidencias posibles.

En lo que respecta en su relación con Pierre García, el exsenador del Centro Democrático confesó que conoció al exrepresentante a la Cámara y posteriormente exdirector del DPS en sus visitas a La Picota, a donde ambos, de acuerdo con su relato, iban a visitar a sus padres: Ciro Ramírez Pinzón y García Orjuela, presos por el caso de la parapolítica; es decir, la alianza entre la política y las autodefensas.

Por último, se mencionó cómo de parte de García Jacquier se separó del cargo al supervisor de este convenio, Óscar Rodríguez Suárez, con el objetivo de que no siguiera “fregando” y siendo un obstáculo para continuar con el cometido de lo que sería un grave caso de corrupción al interior del DPS, durante el gobierno del expresidente Iván Duque Márquez.