Ordenan medida provisional para proteger la vida de los concejales de Tuluá

La Defensoría del Pueblo, a través de su oficina regional en el Valle del Cauca, presentó una acción de tutela con el objetivo de salvaguardar los derechos a la seguridad, integridad y vida de los concejales del municipio de Tuluá.

Este requerimiento legal surgió en respuesta a una serie de agresiones que incluyen amenazas, envío de panfletos, atentados y, en el caso más extremo, el homicidio de uno de sus miembros. La responsabilidad de estos actos violentos ha sido atribuida a la agrupación criminal conocida como La Oficina.

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De acuerdo con la entidad, mientras el Juzgado Tercero Municipal del Circuito de Tuluá emitió un fallo sobre la grave situación de derechos humanos que se presenta contra los concejales de esa población vallecaucana, el despacho judicial ordenó una medida provisional para proteger la vida e integridad física de los servidores públicos.

“(...) ya conminó a la Unidad Nacional de Protección a ‘realizar un análisis de viabilidad de adoptar medidas de protección provisionales a favor de los demandantes’”, anunció el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La tutela de la Defensoría fue interpuesta, no solo contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), sino también contra los ministerios de Defensa y del Interior y a la Policía Nacional. “Necesitamos protección especial para los cabildantes, sobre todo por el nivel de riesgo en el que ahora mismo se encuentran”, señaló el funcionario.

El llamado de Camargo Assis se resume en que: “Mientras haya inseguridad, alteración del orden público, amenazas, falta de garantías para la protección personal, es preciso que sean elaborados planes de trabajo idóneos, con la finalidad de que permitan salvaguardar los derechos fundamentales de los regidores y sus grupos familiares”.

Como entidad garante de los derechos humanos, recalcó el defensor: “continuamos insistiendo en que los grupos delincuenciales organizados y organizaciones armadas al margen de la ley no pueden estar por encima de ninguna de las instituciones. Por eso, es imperativo acudir a la puesta en marcha de acciones contundentes, para devolverles la tranquilidad a quienes en este momento son objeto de intimidaciones”.

Con la tutela, la Defensoría también instó a la mesa directiva del Concejo de Tuluá a estudiar la implementación de sesiones virtuales, dadas las amenazas contra los cabildantes.

“Ante la situación actual de peligro y riesgo extraordinario al que están sometidos estos servidores de elección popular, y teniendo en cuenta que durante el 2023 en el municipio fueron asesinadas 124 personas, es oportuno asegurar la eficacia de las medidas solicitadas. Los entes accionados deben proteger de manera integral sus derechos constitucionales”, concluyó Camargo Assis.

Cabe recordar que, luego del evento de los 100 días de la administración municipal realizado el 19 de abril, fue asesinado el concejal Carlos Arturo Londoño. En este suceso también murió la representante de una asociación de personas con discapacidad, con asiento en Tuluá.

Por los hechos acontecidos, la gobernadora del Valle de Cauca, Dilian Francisca Toro y el alcalde de Tuluá, lideraron un consejo de Seguridad en el que revelaron que Londoño ya había presentado amenazas a través de un panfleto. Sin embargo, el cabildante no contaba con esquema de protección.

“Lamento la muerte de las dos personas que le servían a la comunidad y le envió mi solidaridad a sus familiares (...) Hubo un panfleto que salió en febrero y el concejal era una de las personas amenazadas”, afirmó la mandataria de los vallecaucanos.

A su vez, Toro aseguró que el comandante de la Policía Valle, “se comprometió en darle protección a los concejales, mientras llegan las medidas de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”.