María Fernanda Cabal demandará actos administrativos con los que se busque liberar a “criminales de Primera Línea”

La directriz que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, buscan que la Fiscalía General de la Nación apruebe ha generado polémica. Se trata de una instrucción con la que se impediría que las personas que son investigadas por hechos cometidos durante protestas no sean imputadas por terrorismo y concierto para delinquir, sino únicamente por lo que hayan hecho en las manifestaciones.

De esta manera, varios de los jóvenes que estuvieron en el estallido social de 2021 y que fueron encarcelados, podrían quedar libres, aunque eso no significa, necesariamente, que queden absueltos. “Ahora, con la nueva fiscal (Luz Adriana Camargo), estamos trabajando y sé que muy pronto ella va a expedir la directriz en la que se afirma que los hechos de protesta social no son ni terrorismo ni concierto para delinquir y eso implica que todos los que están en la cárcel van a salir”, detalló el ministro de Justicia el 10 de mayo en una jornada de Gobierno con los Barrios Populares llevada a cabo en Cali (Valle del Cauca).

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La propuesta del Gobierno Petro fue cuestionada por la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que aseguró que demandará cualquier acto administrativo que se expida al respecto, con el que se permita otorgarle la libertad a “los criminales de la Primera Línea”. “No señor. La Fiscalía no recibe órdenes del Ejecutivo, además tienen que cambiar el Código Penal porque no es una directiva de la Fiscalía la que decide si ahora tienen que salir libres”, precisó la congresista en un video publicado en sus redes sociales.

Según la senadora de la oposición, con esta iniciativa se estaría desconociendo a las víctimas de los manifestantes que incurrieron en actos de violencia. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro aseguró que las víctimas fueron los jóvenes que terminaron en prisión “injustamente” y todos aquellos que fueron asesinados o que perdieron sus ojos en medio de las manifestaciones. Justamente, por eso, el primer mandatario solicitó que se cree una comisión de la verdad para esclarecer los hechos.

“Obviamente, no podemos reemplazar la investigación judicial. Pero sí podemos, como ya sucedió con el conflicto armado, realizar una exploración académica, incluso, sobre los hechos que sucedieron aquí”, aseguró el jefe de Estado desde Cali, donde la violencia del estallido social se vivió con más fuerza. De hecho, el exalcalde Jorge Iván Ospina calificó lo ocurrido como “el fenómeno más dramático que haya vivido la ciudad en su historia”.

No obstante, María Fernanda Cabal enlistó las acciones que habría cometido algunos de los jóvenes que hoy permanecen encarcelados. “Sus Boyscouts de la Primera Línea cometieron actos de terror contra civiles y contra policías. Todos recordamos cómo las ambulancias con bebés fueron detenidas, los bebés se murieron. Todos recordamos al muchacho degollado por una guaya, iba en una moto. Todos recordamos a la señora, que no propiamente estaba vagando ni consumiendo drogas, seguro venía de trabajar, y la arroyó un bus de TransMilenio conducido por estos psicópatas de la Primera Línea”, aseveró la congresista.

El caso de la bebé fue documento en medios de comunicación. Se registró el 22 de mayo de 2021 en la vía Cali-Buenaventura. Una de las enfermeras que iba en la ambulancia relató lo ocurrido, asegurando que algunos manifestantes no dejaron pasar el vehículo. “La bebé entró en código, intentamos reanimarla, pero no respondió, los señores del paro nos decían que hiciéramos trasbordo, no podíamos hacerlo debido a que la bebé iba intubada. (...) Conforme íbamos pasando empezaron a tirarnos cosas explosivas y gases lacrimógenos”, detalló en su momento.

Por otro lado, el joven que murió degollado fue identificado como Cristhian Vélez, de 27 años. Se transportaba por la venida Ciudad de Cali, al occidente de Bogotá, donde quienes protestaban atravesaron una guaya para impedir el paso vehicular. El joven no se percató de ello y pasó por el punto en donde habían instalado la guaya, que terminó causándole una herida de cinco centímetros en el cuello y acabando con su vida.

Así las cosas, la congresista insistió en que no permitirá que el presidente y el ministro de Justicia continúen con su propuesta. “El Código Penal se cumple y el respeto de las víctimas a verdad, a justicia, a reparación y a no repetición, además es una obligación convencional”, indicó.