Exgobernador de La Guajira fue destituido e inhabilitado por presunta corrupción en la compra de una ambulancia: también deberá pagar millonaria multa

La Procuraduría General de la Nación sancionó al exgobernador encargado de La Guajira Wilson Rafael Rojas Vanegas, por las irregularidades en el proceso de contratación del servicio de transporte asistencial en el departamento.

La misma suerte corrió secretario de Salud Departamental y supervisor técnico del contrato, Jarexon José Arredondo Quintero, pues el Ministerio Público lo sancionó con destitución e inhabilidad por diez años para ejercer cargos públicos.

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En el caso del exgobernador de La Guajira, Wilson Rafael Rojas, la sanción corresponde a doce meses de destitución e inhabilidad. Sin embargo, teniendo en cuenta que ya no está en el cargo que ocupaba cuando se registraron los hechos, deberá pagar la sanción con una multa económica de casi 53 millones de pesos.

“En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al secretario de Salud Departamental y supervisor técnico del contrato, Jarexon José Arredondo Quintero, y con suspensión de 12 meses en el ejercicio del cargo al exgobernador (e) de La Guajira, Wilson Rafael Rojas Vanegas, meses de suspensión que se convertirán en el pago de 52´952.532″, dice el comunicado emitido por el organismo de control.

A través de un comunicado emitido desde el Ministerio Público se informó que tras investigar, la entidad evidenció que el contrato de compraventa celebrado entre el departamento de La Guajira y la sociedad carrocerías El Sol S.A.S. sufrió varios cambios afectando la ejecución de los recursos públicos.

El objeto del acuerdo contractual en mención era brindar apoyo para el transporte asistencial básico y medicalizado con inversión pública. Para ese fin, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) Región Caribe, aprobó un presupuesto inicial de cerca de 3.565 millones de pesos. Esos recursos serían utilizados para la adquisición de 17 ambulancias.

Las irregularidades que encontró la Procuraduría, entre otras cosas, están relacionadas con las especificaciones de los vehículos medicalizados que se iban a adquirir.

“El Ministerio Público demostró que como secretario de Salud y supervisor del contrato, de manera inconsulta y sin tener competencia, cambió las especificaciones técnicas de las ambulancias con particularidades distintas a las previamente establecidas”, explicaron en el documento.

Así mismo, investigadores del organismo de control comprobaron que se otorgó plazos más amplios para cumplir el objeto contractual, situación que generó demoras en la entrega.

En el comunicado emitido por la entidad se estableció que el entonces gobernador encargado de La Guajira tenía la obligación de exigir la correcta ejecución de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

Además, nombrado en el cargo, aún cuando se tratara de un encargo, era su deber desarrollar actividades para verificar, vigilar y controlar el cumplimiento del objeto del contrato. En este contexto, se conoció que por medio de un oficio se cambiaron las especificaciones técnicas, sin la mediación del representante legal del departamento.

Con las acciones de los funcionarios de la Gobernación, de acuerdo con la Procuraduría Delegada de Juzgamiento 2, se generó un impacto social negativo para la población más necesitada de La Guajira y, a su vez, se vulneraron los principios de legalidad, rigurosidad, respeto y seriedad en manejo de los recursos públicos que les correspondía.

Debido a esas conductas irregularidades, el Ministerio Público calificó la falta de Jarexon José Arredondo y Wilson Rafael Rojas como gravísima con culpa gravísima para el secretario de Salud, y grave con culpa grave para el gobernador encargado.

“Esta decisión sancionatoria adquiere mayor relevancia frente al seguimiento que realiza la Procuraduría, según lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia T 302 de 2017, ante el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables y exigibles para asegurar el goce efectivo del derecho a la salud de la población de La Guajira”, señalaron desde la entidad.