Quién es el subteniente venezolano capturado en Medellín con cirular roja de Interpol: lo acusan de homicidio y secuestro

Mientras caminaba por las calles del exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, Juan Ernesto González Herrera, un subteniente del Ejército venezolano, fue capturado por uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El militar de 38 años tenía una circular roja de la Interpol desde el 16 de septiembre de 2022, por presuntamente haber participado en la detención, secuestro y posterior homicidio de un hombre, en enero de ese mismo año, en un procedimiento realizado por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas).

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González Herrera fue detenido en medio de un procedimiento policial de rutina, cuando los agentes de la estación de El Poblado revisaron sus antecedentes y se dieron cuenta de que se trataba de un fugitivo, requerido por un juzgado de Caracas al ser señalado del delito de homicidio, secuestro agravado, asociación para delinquir y posesión de armas. Además, es calificado por las autoridades venezolanas como “peligroso y violento”.

Aunque la captura del venezolano ocurrió el 31 de enero pasado, a las 9:24 de la noche, el diario El Tiempo accedió a su expediente en el que se detalla cuáles fueron los hechos por los que es requerido por la justicia de su país.

Todo se remonta al 22 de enero de 2022, cuando un hombre formuló una denuncia ante el Conas de la Guardia Nacional Bolivariana en la que manifestó haber recibido una llamada telefónica extorsiva.

Según dijo, logró reconocer la voz de su hermano, quien le informó que unos presuntos funcionarios lo habían detenido y que mediante todo tipo de amenazas y coacciones le estaban exigiendo la suma de 4.000 dólares a cambio de su liberación. La víctima era Kelvin Omar Moreno Páez, un estudiante de Informática que solo tenía 21 años.

Sus familiares siguieron las instrucciones de los captores y por sus propios medios se desplazaron hacia una avenida en el norte de Caracas. En medio del pavimento de la vía dejaron en una bolsa la cantidad de dinero exigida por los secuestradores. Luego vieron a presuntos funcionarios de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana recoger el paquete y marcharse.

“En virtud de la denuncia interpuesta, los funcionarios del Conas comenzaron a realizar las pesquisas y diligencias de investigación para esclarecer los hechos, donde, mediante múltiples entrevistas, análisis telefónicos e inspecciones técnicas, se logró identificar a cuatro uniformados como autores y partícipes de los hechos”, se lee en el expediente, al que accedió el diario El Tiempo.

En las investigaciones de las autoridades venezolanas se estableció que González Herrera habría participado de ese secuestro junto con otras tres personas que fueron capturadas y que confesaron que entre los cuatro habían matado al joven estudiante de Informática, cuyo cuerpo fue encontrado cerca al aeropuerto Internacional de Marquetalia, exactamente en el kilómetro 1 de la vía Caracas-La Guaira, el 4 de febrero de 2022.

El subteniente González permaneció prófugo y la familia del joven fallecido solicitó el 7 de febrero de ese año que se emitiera una orden de aprehensión en su contra. Desde ese entonces, los familiares comenzaron una campaña para capturar al oficial, que incluía declaraciones a varios medios de comunicación.

Pero solo fue hasta el pasado 1 de febrero, casi dos años después, que las autoridades colombianas notificaron a sus homólogos en el país vecino de la captura del oficial en la capital antioqueña.

De acuerdo con el medio anteriormente mencionado, no hay registros de la entrada del hombre al país. “Se presume que ingresó por vía terrestre a través de una de las trochas en la frontera con Venezuela. Además, creemos que intentó pasar desapercibido residiendo en una zona exclusiva de Medellín para no levantar sospechas”, le dijo una fuente al diario bogotano.

En marzo, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia aprobó la petición presentada a Colombia para autorizar la extradición de un militar que podría ser condenado a 30 años de prisión en Venezuela. Por lo pronto, está a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación y custodiado en la estación de Policía de El Poblado, esperando los trámites para ser trasladado a Venezuela.