En la mañana del lunes 13 de mayo de 2024, la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta sobre el incumplimiento de compromisos por parte de las autoridades en Risaralda para atender la situación ambiental y de riesgo en la ladera norte del río Otún. Al respecto, señaló las deficiencias en los aspectos presupuestales, de contratación y cambios de gobierno como causas principales de esta situación.
La advertencia, dirigida al gobernador de Risaralda, los alcaldes de Pereira y Dosquebradas, el director general de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y el gerente de Serviciudad, dejó en evidencia una posible falta de progreso en las medidas previamente acordadas.
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Este retraso se registra a pesar de los riesgos evidentes, incluyendo la contaminación con aguas residuales y el deterioro de infraestructuras críticas como la estructura hidráulica para aguas pluviales que actualmente corre riesgo de colapso.
El Ministerio Público llamó la atención sobre la necesidad urgente de tomar medidas efectivas para mitigar estos riesgos, pues resaltó, especialmente, la reubicación pendiente de habitantes en zonas de alto riesgo y la realización de estudios técnicos fundamentales para las obras necesarias, esto, por la falta de una acción coordinada y el comportamiento negligente de las entidades involucradas podría, según la Procuraduría, llevar a repetir los trágicos eventos de 2022, en los cuales se registraron pérdidas humanas y materiales.
Además, criticó la falta de respuesta a solicitudes de información sobre los avances de las medidas adoptadas, lo que ha puesto en duda la efectividad y transparencia del proceso. De acuerdo con la Procuraduría, la situación es aún más crítica ante el pronóstico de un aumento en las lluvias para el segundo semestre de 2024, por lo que se le solicitó a las entidades territoriales una acción inmediata para proteger, tanto a la comunidad, como el medio ambiente de potenciales desastres.
Medidas desde la Alcaldía de Pereira
El 8 de febrero de 2022, Pereira se enfrentó a una devastadora tragedia cuando un alud de tierra, provocado por 12 horas de lluvia continua, cayó sobre la Avenida del Río y el barrio La Esneda en Dosquebradas, dejando un saldo de 14 personas fallecidas, 7 desaparecidas, 34 heridos y 400 damnificados.
Por tal motivo, en febrero de 2024, a un año de la tragedia, el alcalde Mauricio Salazar compartió las acciones que está llevando a cabo la administración para prevenir futuras catástrofes y atender a los damnificados.
La Dirección General de Gestión del Riesgo (Diger), bajo la dirección de Dayana Andrea Gómez Jiménez, comenzó a realizar estudios detallados sobre la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo en la ladera del río Otún, esto, con el objetivo de establecer medidas de mitigación y sistemas de monitoreo adecuados.
“Actualmente, estamos adelantando análisis para determinar las causantes de fenómenos amenazantes y categorizar el riesgo”, explicó Gómez Jiménez.
Por otro lado, la secretaria de Vivienda, Carolina Bustamente, destacó los esfuerzos conjuntos de la Alcaldía de Pereira, el Ministerio de Vivienda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Dosquebradas para el desarrollo del proyecto Rincón de Galicia.
Este proyecto busca reubicar a las 138 familias afectadas por la tragedia, quienes han estado esperando una solución por más de dos años: “El 2 de febrero tuvimos una reunión para conocer los avances del proyecto y el día de ayer la secretaria de Planeación municipal expidió el certificado sobre requerimientos del terreno”, señaló Bustamante.
Sin embargo, el terreno destinado para el proyecto aún carece de saneamiento básico y servicios de acueducto y alcantarillado, factores cruciales para garantizar una calidad de vida adecuada para los futuros residentes.
Por tal motivo, desde la Alcaldía de Pereira consideran la posibilidad de establecer un convenio con Aguas y Aguas de Pereira para acelerar el proceso, o de ser necesario, buscar alternativas si el terreno no cumple con los lineamientos técnicos estipulados por el Gobierno Nacional.