María Fernanda Cabal cuestionó la ejecución de la política antidroga de Petro: “¿Qué han hecho con esa plata?”

La política antidrogas en Colombia es un tema que genera polémica en todos los gobiernos, pues, por lo general, no se alcanzan las metas propuestas, lo que permite que miles de toneladas de droga sean exportadas desde el país cada año sin un control por parte de las autoridades, por lo que Colombia sigue como uno de los países productores más importantes en el mundo.

En este aspecto, la postura del Gobierno de Gustavo Petro también ha recibido críticas por parte de políticos de oposición que aseguran que desde el Ejecutivo no se han tomado las medidas necesarias para hacerle frente a este flagelo.

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Por ejemplo, entre las voces críticas se encuentra la de la senadora María Fernanda Cabal, que cuestionó la ejecución del presupuesto destinado para afrontar esta crisis.

Su postura la dio a conocer a través de una publicación en su cuenta de X, en la que se refirió a la partida presupuestal destinada por el Gobierno del expresidente Iván Duque en comparación a la de Gustavo Petro, la cual se duplicó, pero no se han visto resultados claros en temas de drogas. “En 2022 el gobierno Duque asignó $278.000 millones para la lucha contra las drogas, de los cuales se lograron ejecutar el 74%. Pero cuando llegó Petro se duplicó el presupuesto a $768.000 millones destinados para el PNIS. ¿Qué han hecho con esa plata?”, aseguró la senadora.

La política antidrogas de la administración Duque, explicada en el documento Informe Ejecutivo: Plan de Acción de la Política Ruta Futuro 2019-2022, también fue criticada por considerarse ineficaz en su enfoque hacia el problema del narcotráfico en Colombia.

La estrategia, presentada a finales de 2018, se estructuró en cinco pilares principales que buscaban desde reducir el consumo de sustancias psicoactivas hasta desarticular organizaciones criminales, pero con una asignación presupuestal que demostraba la preferencia por la reducción de cultivos ilícitos.

Los esfuerzos por combatir la producción y distribución de drogas ilícitas se planearon a través de 268 acciones interinstitucionales, con la participación de 29 ministerios y entidades estatales y un enfoque significativo en la erradicación y el desarrollo alternativo de cultivos ilícitos.

Sin embargo, la distribución del presupuesto evidenció una desproporción al centrar la mayoría de los recursos en la erradicación, en detrimento de otros pilares como la reducción del consumo y la atención social del problema.

A pesar de la amplia colaboración interinstitucional y la definición de una ruta clara de acción, el plan fue cuestionado por su eficacia, especialmente en la asignación de recursos y la capacidad de las entidades involucradas para ejecutarlo adecuadamente.

La Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho fue señalada por su falta de capacidad tanto en la convocatoria como en la gestión técnica y presupuestal para tratar asuntos relacionados con la política antinarcóticos.

Este enfoque predominantemente represivo sobre la drogadicción, priorizó la erradicación de cultivos sobre la prevención y el tratamiento del consumo como un problema de salud pública, por lo que el gobierno Duque fue acusado de perpetuar un sesgo de larga data en la política antidrogas del país, sin abordar integralmente las raíces socioeconómicas del narcotráfico ni sus efectos en la sociedad.

Además, la clausura de la Dirección Nacional de Estupefacientes, sin establecer un órgano sustituto con la autoridad y capacidad necesarias para manejar la política antinarcóticos de manera eficaz, ayudó a la debilidad estructural en la lucha contra el narcotráfico en el país.

En los cuatro años del gobierno de Iván Duque el área neta con cultivos de coca fue de 466.000 hectáreas; de estas, solo se erradicaron manualmente 387.731.

En cuanto a la producción de clorhidrato de cocaína se estima que se generaron 3.485 toneladas y se incautaron 2.020.