Intervención de la EPS Sanitas: Fiscalía abrió investigación por las presuntas irregularidades

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación sobre las presuntas irregularidades en la intervención de la Superintendencia de Salud en la EPS Sanitas. Ahora, la Fiscalía se sumó a la pesquisa, la cual ha incorporado a las indagaciones para esclarecer los errores cometidos durante el proceso de intervención de esta entidad de salud.

Es así como, el ente acusador ordenó este proceso tras recibir advertencias por parte de expertos y funcionarios de la Procuraduría, basada en una denuncia que detalla las irregularidades se habrían cometido bajo la administración del actual superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, acciones que se señalan como arbitrarias e ilegales.

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En el desarrollo de esta investigación, se están llevando a cabo las diligencias necesarias para determinar las irregularidades, recogiendo declaraciones de los funcionarios implicados y revisando la legislación aplicable para verificar si las acciones de la Superintendencia de Salud estuvieron o no en conformidad con la ley, o si representaron un abuso de la función pública.

Según con el abogado de Sanitas, indicó que: “Iniciaremos en el transcurso de esta semana otra serie de acciones que tienen por finalidad fundamental recuperar la administración de la EPS para que no se vaya a presentar algún tipo de situación con nuestros usuarios y a la mayor brevedad volver a estar al frente de la administración de ella”.

Los representantes legales de la EPS han presentado una recusación contra el superintendente de Salud, tras argumentar que este funcionario ha realizado severas críticas, no solo hacia las EPS, también hacia el sistema de salud colombiano en general, a través de sus redes sociales

De acuerdo con los elementos de prueba recabados y la denuncia que actualmente manejan los fiscales de la seccional contra la corrupción en Bogotá, corresponde a la Fiscalía la tarea de verificar la existencia de las presuntas irregularidades. Estas no solo han sido señaladas por la EPS, también han sido documentadas en diversos informes emitidos por la Procuraduría.

El ente disciplinario ha iniciado una investigación contra Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, por la controversia suscitada tras la orden de intervención forzosa sobre la EPS Sanitas.

Este procedimiento se fundamenta en posibles irregularidades detectadas en la resolución que justificaba el control administrativo de la entidad, incluyendo una supuesta “falsa motivación”. Asimismo, se cuestiona la designación de Dúver Dicson Vargas Rojas como agente interventor, según indicó la entidad disciplinaria.

La queja original, presentada por Juan Pablo Currea Tavera, representante legal de Keralty, la compañía propietaria de Sanitas, argumenta que no existían bases sólidas para intervenir la EPS, destacando que “los problemas financieros de la EPS han incidido directamente en la garantía del derecho fundamental a la salud de los afiliados”.

Además, se señala a la actuación del ente de control como “desproporcionada, discriminatoria, arbitraria” y que sugiere una posible expropiación.

A raíz de esta queja, la Procuraduría ha solicitado a la Supersalud la entrega de diversos documentos, incluyendo la resolución de intervención y las evidencias del procedimiento administrativo llevado a cabo, así como detalles de las quejas, reclamaciones, y tutelas relacionadas con EPS Sanitas.

Destacan entre las peticiones el número de afiliados afectados, las deudas contraídas con proveedores de la red de salud, y un comparativo de la insatisfacción de los usuarios respecto al promedio nacional.

“El órgano de control solicitó a la Supersalud copia del proceso adelantado para tomar posesión de esa entidad”, destaca la instrucción de la Procuraduría, enfatizando en la necesidad de transparencia y rigor en la gestión de las EPS.

De acuerdo con la Supersalud, la decisión de intervención se basó en el incumplimiento de indicadores financieros críticos, incluido el régimen de reservas técnicas y un incremento en las reclamaciones de los usuarios, lo cual ponía en riesgo la atención a más de 5.7 millones de afiliados. Esta medida administrativa, según aclaró el superintendente Leal, tiene una duración inicial de un año, y no contempla la liquidación de la entidad.

“Una falsa motivación al afirmar que los problemas financieros de la EPS han incidido directamente en la garantía del derecho fundamental a la salud de los afiliados”, se lee en el documento de reclamación de Currea, evidenciando el fuerte desacuerdo con los fundamentos de la Supersalud para la intervención.