Nequi y otras billeteras digitales podrán ser embargadas por Air-e a los morosos en la costa Caribe

Air-e, la empresa comercializadora de energía eléctrica en el Caribe colombiano, introdujo una nueva estrategia de cobranza para sus usuarios morosos en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira. La compañía anunció que procederá al embargo de las billeteras digitales de aquellos clientes que presenten retrasos en sus pagos.

“Esta medida incluye la solicitud de embargos sobre cuentas en billeteras digitales como Nequi, Daviplata, Rappi, Nubank, Lulo Bank y Uala, entre otras plataformas fintech”, detalló la empresa de servicios públicos.

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Fermín de la Hoz, al frente de la Gerencia de Servicios Jurídicos de Air-e, destacó que, si bien las billeteras móviles son herramientas de manejo personal de fondos, los saldos en ellas se consideran activos de los usuarios y, por ende, susceptibles de ser embargados de manera preventiva en casos de incumplimiento reiterado de obligaciones financieras, conforme a la normativa legal colombiana.

La introducción de esta medida surge en un contexto donde la empresa de servicios de electricidad maneja activamente más de 1.100 procesos ejecutivos. “Gracias a las nuevas disposiciones se adelantarán los embargos de cuentas en Nubank. Esta medida será tomada con el objetivo de poder recaudar los recursos necesarios para garantizar la prestación del servicio”, explicó la compañía.

Bajo el amparo del ordenamiento jurídico colombiano, que permite el embargo de bienes como medida cautelar para el aseguramiento de obligaciones y la protección de derechos acreedores, Air-e argumentó la necesidad de estas acciones para la sostenibilidad del servicio. Previo a la aplicación de medidas legales, se realizan requerimientos formales de pago a los usuarios con deudas pendientes.

Ante posibles preocupaciones de los consumidores, Air-e resaltó la disponibilidad de planes de financiación flexibles y reiteró su intención de usar los recursos jurídicos a su alcance para recuperar créditos vencidos, incluidos los embargos a billeteras digitales, limitando tales medidas a usuarios que eviten acuerdos de pago.

Es importante señalar que las plataformas de billeteras fintech son reconocidas como entidades financieras bajo la legislación colombiana, estando sujetas a normativas sobre embargos y procedimientos cautelares, tal como lo estipula el Código General del Proceso.

El Gobierno anunció medidas que prometen alivio para los usuarios de la región Caribe afectados por elevadas tarifas eléctricas, proponiendo ajustes que reflejen de mejor manera la realidad económica y logren un equilibrio justo entre todas las partes implicadas.

Según declaraciones del ministro de Minas, Andrés Camacho, una de las estrategias clave incluye que el Estado se hará cargo de un pasivo de $7 billones derivado del costo de la opción tarifaria, un subsidio otorgado durante la pandemia y que, hasta la fecha, ha sido cubierto por los consumidores.

Tomando como referencia departamentos como Atlántico, La Guajira y Magdalena, donde el costo del kilovatio hora alcanza los $226 debido a esta opción tarifaria, el valor final de la tarifa de energía surge de la suma de diversos factores como generación, transmisión, restricciones, pérdidas, distribución y comercialización.

La asunción de esta deuda por parte del Gobierno significaría un ahorro aproximado del 20% para los usuarios en sus facturas de energía, las cuales se incrementaron por el costo implicado en la opción tarifaria.

Esta deuda tarifaria tiene su origen en 2020, cuando, a través de la Resolución 058 y posteriormente modificada por la Creg en el mismo año, se permitió a los comercializadores de energía recurrir al mecanismo de la “opción tarifa” con el fin de estabilizar las tarifas eléctricas para los consumidores.

El ministro Camacho detalló que la propuesta para reducir las tarifas eléctricas incluye la eliminación de los costos asociados a la opción tarifaria, carga que el Estado está dispuesto a asumir. Además, indicó que, de la deuda acumulada durante la pandemia, valorada en 7 billones de pesos, el Gobierno propone asumir directamente 2 billones.

Para afrontar el remanente de la deuda, se está considerando solicitar a las empresas del sector eléctrico —incluidas las comercializadoras, distribuidoras y generadoras— que refinancien el saldo adeudado, extendiendo los plazos de pago para que los usuarios puedan manejar de manera más flexible las tarifas mensuales de energía.