Indígenas del norte del Cauca se despacharon contra disidencias de las Farc y pusieron en duda compromiso de paz

Con una carta de nueve páginas, dirigida a alias Andrés Patiño, comandante del bloque occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca Cxhab Wala Kiwe sentó su postura sobre el accionar de este grupo armado ilegal en el departamento y puso en duda su voluntad de hacer la paz en esta zona del país.

En la extensa misiva, en la que tocan una serie de puntos que consideran vitales para exigir que se respeten sus territorios, la agrupación –que hizo extensivo su mensaje a los frentes Dagoberto Ramos, Carlos Patiño y Jaime Martínez– expresó su indignación por los asesinatos que se han cometido en municipios como Toribío, Tacueyó y San Francisco, y que han generado preocupación entre la población civil.

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“Creemos necesario hacer constar las graves violaciones a nuestros derechos que son de su conocimiento, pero que han sido imposible detener por la degradación de su organización por traicionar la lucha revolucionaria, incluyendo el asesinato de mujeres desarmadas como la mayora Carmelina Yule, igual o más infame que instalar explosivos contra los Kiwe Thegnas”, expresó la organización.

Del mismo modo, indicaron que una guerra “solo por guerrear” es inviable, pues implica en el concepto de este colectivo perder vida sin sentido. “No creemos en convertir las armas en una moda y mucho menos en usarlas contra la gente, pues lo más seguro es que eso se revierta y la fuerza del pueblo sea mayor que su miedo”, agregó la asociación indígena, que se desmarcó de cualquier acción violenta.

Y dejaron en claro que no ven un horizonte claro en esta organización. “Lo que vemos, en cambio, es una serie de atrocidades contrarias al legado de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas que ustedes proclaman”, reseñó la asociación, al punto de denunciar en los últimos cuatro años 374 asesinatos y ataques explosivos a 42 ciudadanos más; además de 214 hostigamientos a casas y escuelas.

A lo que se suman 225 amenazas de muerte a miembros de estas comunidades Nasa y 112 más de forma indiscriminadas; 25 desapariciones forzadas y 785 menores de edad reclutados. En total, según indicaron, se han registrado 1.777 acciones contra la población, en cifras que han generado alarma entre las organizaciones no gubernamentales, y que representan el 81% de los ataques a estas comunidades.

En contraste, la asociación afirmó solo 298 enfrentamientos con tropas del Ejército y la Policía se ha registrado en el mismo periodo, y tuvieron lugar en tres municipios: Corinto, Toribío y Caloto. Esto sin contar los hechos en los que no se pudo determinar algún tipo de responsabilidad, en un panorama en el que acusaron a las disidencias de querer destruir un proceso social de más medio siglo en el Cauca.

“Son cifras que indican que las acciones contra el pueblo durante su dirigencia superan por siete las adelantadas contra el Estado. Más allá de lo miserable y contradictorio que resultan estos datos, a cualquiera le queda muy claro que el enemigo de ustedes dejó de ser el Estado, o el régimen político, o la oligarquía, o los ricos, lo que una fuerza revolucionaria podría entender como enemigo”.

En otro aparte de la carta publicada en redes sociales criticaron la participación del Estado Mayor Central en el proceso de paz con el Gobierno, pues mientras se mantuvieron activos los diálogos hablaron de un interés de esta fuerza insurgente de obtener rentas de la comercialización de drogas, además de otras actividades ilegales que tienen directa injerencia en la cotidianidad de estos resguardos.

“Estamos de acuerdo con el presidente Petro en que hay que terminar la guerra porque solo le sirve a los más ricos y poderosos, que para eso hay que hablar y llegar a acuerdos con los actores armados (...), que esos cambios hay que acordarlos con la sociedad y no solo con los ejércitos enfrentados”, precisó la asociación en su comunicación, en la que mencionaron que las expectativas generadas poco duraron.

“Nuestra gente insiste: ¿De verdad van a firmar un acuerdo para terminar el conflicto? ¿Están dispuestos a dejar que las economías de la marihuana y la coca sean reguladas por las propias comunidades cuando eso sea reglamentado próximamente en el país?”, fueron algunos de los interrogantes que relacionaron en la carta, en la que hicieron énfasis en una serie de contradicciones al interior del EMC.

Fue entonces cuando pusieron el dedo en la llaga en los mencionados ceses al fuego, en el que afirmaron que no se han tomado medidas para proteger a la población civil, y pese a las confrontaciones con el ELN. “Nosotros, los indígenas, no somos parte armada de la guerra”, reiteró la agrupación, que manifestó que está en proceso de recolección de la evidencia que probaría que no respetaron la tregua.

“No entendemos por qué firmaron esos compromisos si no estaban dispuestos a cambiar el comportamiento de su gente armada”, se leyó en la misiva, en la que denunciaron cómo se estarían haciendo maniobras para distraer a los países garantes y calificaron como farsa los mencionados ceses, además de rechazar el término “daños colaterales” para referirse a los ataques a las poblaciones de esta zona del país.

Por último, cerraron con una advertencia. “¿Para qué tenemos que prepararnos? ¿Están realmente dispuestos a respetar la estructura de gobierno propio y la vida de las comunidades? Porque eso es lo que esperamos y eso implica que ustedes reestructuren su accionar”.