Director de la Ungrd explotó por irregularidades en contratos de la anterior gestión: “Yo no voy a confiar”

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), expuso una serie de irregularidades y controversias en torno a los contratos suscritos durante la administración anterior, liderada por Olmedo López. Estas revelaciones arrojaron luz sobre posibles actos de corrupción y cuestionan la idoneidad de ciertos contratistas vinculados al pasado régimen.

En una entrevista a Noticias RCN, Carrillo expuso detalles sobre un contrato de considerable magnitud que habría sido gestionado en los últimos días de la gestión de López en la Ungrd. Según sus declaraciones, el 29 de febrero, fecha marcada por la salida de Olmedo López de la entidad, se intentó formalizar un contrato millonario con una firma de abogados.

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“El último día, el 29 de febrero, cuando Olmedo estaba en esa turbulencia al rededor de su salida, pues la señora secretaria general Ana María Castaño, esa que decía que ‘Olmedo no la miraba ni para escupirlo’ le iba a entregar a la firma de Alfaro, el nombre del contratista es Iván Alfaro, le iba a entregar a su firma un contrato por 100 millones de pesos mensuales durante un año, entonces el señor Alfaro pretendía quedarse con no solamente con los 24 que ya recibe, sino con 100 millones de pesos mensuales más (sic)”, señaló Carrillo para el medio en mención.

Este contrato, valorado en más de 1.000 millones de pesos, fue objeto de preocupación por parte de Carrillo, que reveló que la firma en cuestión está relacionada con Iván Alfaro, al que identifica como el “jefe jurídico de facto” de la entidad.

“Registra una experiencia solamente en su firma de abogados y Olmedo le pagaba desde la dirección casi 24 millones de pesos por prestar unos servicios de asesoría jurídica“, aseguró el director de la entidad.

El contrato en cuestión buscaba otorgar a la firma de Alfaro un pago mensual de 100 millones de pesos durante un período de 12 meses. Carrillo señaló que este intento de acuerdo planteaba serias dudas debido a su temporalidad y a las credenciales presentadas por la firma, las cuales únicamente contaban con la acreditación de experiencia del abogado en cuestión.

Esta falta de transparencia en las credenciales presentadas y la falta de diversidad en la experiencia generaron suspicacias sobre la legitimidad del contrato.

Carrillo también denunció una presunta pérdida deliberada de documentos que dificulta la auditoría y trazabilidad de los contratos suscritos durante la administración anterior. Esta falta de documentación adecuada impide una evaluación precisa de las actividades realizadas por los contratistas y los funcionarios de la entidad. Esta situación plantea interrogantes sobre la gestión de recursos y la efectividad de los controles internos durante el mandato de Olmedo López.

“No hay nada que nos permita tener la trazabilidad de qué es lo que hacen, ¿qué hacen los funcionarios? Muchos contratistas trabajan en sus propios equipos y suben a los servidores de la entidad, lo que les apetece (sic)”, aseguró.

El director de la Ungrd solicitó la terminación anticipada de varios contratos celebrados bajo la administración anterior, argumentando la falta de confianza en los contratistas asociados con López. Carrillo expresó su reticencia a confiar en individuos que hayan sido vinculados con la gestión anterior, especialmente aquellos que estén siendo investigados por presuntos actos de corrupción.

“Yo le pedí a esos contratistas que terminaran anticipadamente esos contratos. Yo no puedo tener a una persona pagándole 25 millones de pesos para que responda PQR, porque yo no voy a confiar en un abogado que llegó de la mano de Olmedo y al que se le paga sueldo de magistrado (sic)”, aseguró para el medio en mención.

La Fiscalía General de la Nación de Colombia está intensificando sus esfuerzos en una investigación que aborda acusaciones de corrupción en torno a un contrato millonario vinculado a la emergencia climática en La Guajira. Este caso desencadenado una serie de revelaciones preocupantes sobre presuntos sobornos, relaciones políticas indebidas y mal uso de fondos públicos.

En el centro de esta pesquisa se encuentran Olmedo López y Sneyder Pinilla, que están siendo examinados por las autoridades debido a su presunta implicación en las irregularidades detectadas en la Ungrd con respecto al programa de distribución de agua en La Guajira.

Uno de los aspectos más destacados de esta investigación gira en torno a la adquisición de 40 carrotanques, destinados supuestamente a proveer agua potable a comunidades indígenas vulnerables en La Guajira; sin embargo, este contrato provocó controversia debido a las numerosas irregularidades observadas en su proceso de licitación y ejecución.

Entre las irregularidades detectadas se encuentra el pago de la impresionante suma de $46.800 millones a la empresa Impoamericana Roger SAS por los carrotanques. Este pago levantó sospechas, especialmente porque la empresa no presentó ningún anticipo y carecía de experiencia previa en el sector. Además, los vehículos adquiridos se encontraban almacenados sin utilizar, lo que aumentó aún más las dudas sobre la legitimidad del contrato.

Las conexiones entre las empresas contratistas y los funcionarios de la Ungrd también fueron señaladas como motivo de preocupación, puesto que las autoridades encontraron indicios de un presunto acuerdo entre las partes para favorecer a una empresa en particular, a pesar de que presentó la oferta más costosa y carecía de experiencia previa en este tipo de proyectos.

Además, Sneyder Pinilla declaró para la revista Semana que 13 parlamentarios y otros altos cargos gubernamentales estuvieron involucrados en la entrega de sobornos, como parte de las pesquisas vinculadas al exceso de costo de más de $20.000 millones en la compra de carrotanques para enfrentar la emergencia del agua en La Guajira.