El jueves 9 de mayo de 2024, se conoció que la Procuraduría General de la Nación investigará al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo López y al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, (Uiaf), Luis Eduardo Llinás Chica por presunto tráfico de influencias.
Así lo anticipó Blu Radio, que compartió el auto de apertura de la investigación disciplinaria sustentada en un posible tráfico de influencias e intereses indebido en la celebración de los contratos relacionados con la prima de Nicolás Petro, Regina Isabel López Burgos, con la Ungrd por $144 millones y con Jose Ignacio Llinás Chica, hermano del director de la Uiaf.
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De acuerdo con el documento, la Procuraduría espera esclarecer si la cercanía entre Olmedo López y Luis Eduardo Llinás Chica benefició tanto a Regina Isabel López Burgos para ser contratada por la entidad; como también, con firmar un contrato millonario con Jose Ignacio Llinás Chica, que funge como contratista y que, según el medio citado, estaría devengando el cuarto sueldo más alto en la Ungrd.
Pero, no solo la Procuraduría desea investigar los contratos que podrían provenir por la cercanía de López y Llinás; sino también, si la Uiaf, en cabeza de Llinás Chica, tuvo conocimiento del manejo del dinero que hizo parte del contrato con el que se compraron 40 carrotanques en La Guajira y que terminó destapando el mayor escándalo de corrupción del Gobierno Petro.
La Procuraduría alertó sobre desorden en la Ungrd
El 8 de mayo de 2024, la Procuraduría confirmó una inspección realizada por Marcio Melgosa, procurador primero delegado para la vigilancia de la Función Pública, en la que se puso en evidencia la falta de control y transparencia en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en relación con la administración del presupuesto destinado para atender emergencias en el país que supera un billón seiscientos mil millones de pesos.
Melgosa, que lidera un equipo investigativo del Ministerio Público, solicitó respuestas claras; como también, toda la documentación pertinente sobre el manejo de dichos recursos, por lo que tuvo que detener la inspección sobre la 1:30 p. m. dado que la Ungrd no tenía listo los documentos solicitados para análisis.
La preocupación por la gestión de estos fondos públicos, destinados para hacer frente a la emergencia nacional declarada mediante el Decreto 2113 de 2022, se intensificaron tras descubrirse que la Ungrd apenas ha consolidado información sobre 20 convenios y 200 contratos firmados.
De acuerdo con el Ministerio Público, en los documentos de consolidación no se cuenta con claridad de temas como las transferencias de fondos ni la ejecución de los mismos, por lo que “preocupa al ente de control que, ante la magnitud de la situación alrededor de la contratación, la UNGRD no tenga la información consolidada”, explicó Marcio Melgosa al referirse directamente a las falencias en el proceso administrativo de la entidad.
Asimismo, el Ministerio Público solicitó informes detallados sobre las interventorías y supervisión de los contratos, buscando con ello un mayor entendimiento sobre cómo se han manejado los proyectos y las asignaciones presupuestarias desde el anuncio de la emergencia nacional.
Por su parte, la Ungrd aseguró, a través de su cuenta de X, que la actuación preventiva que llevó a cabo el Ministerio Público es independiente a las funciones misionales y no debe ser tomada como injerencia en las decisiones administrativas.
“La actuación preventiva se desarrolla en forma independiente a las demás funciones misionales y no implica en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas”.
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