El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó un conjunto de serias acusaciones en contra de lo que él denomina una “mafia” dentro de la Fiscalía, la cual, según sus palabras, intentó llevarlo a prisión.
Como es habitual en él, Gustavo Petro develó a través de su cuenta de X cómo este grupo supuestamente habría trabajado estrechamente con Gustavo Moreno, en aquel entonces zar anticorrupción, con el fin de encerrarlo y así influir en los resultados de las elecciones presidenciales de 2018, en las que resultó ganador Iván Duque.
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“Así se configuró una mafia en la fiscalía que trató de encarcelarme”, explicó Petro, señalando directamente a Moreno como parte medular de este esquema. Según el mandatario, este plan buscaba impactar la justicia; además, de acuerdo con Petro, estaban involucrado en acciones corruptas más amplias, como la financiación del narcotráfico en siete departamentos del país y el encubrimiento de la compra de votos durante la campaña de Duque. Estos hechos, sostiene, constituyen un ataque directo no solo a su integridad personal, sino a la democracia colombiana.
La controversia llega en un momento en que Colombia enfrenta desafíos en materia de corrupción y narcotráfico, problemáticas que han afectado al país durante décadas.
Petro enfatizó en que ese entramado corrupto supuestamente “encubrió la compra de votos en la campaña Duque, que financió el narcotráfico en siete departamentos”, poniendo de relieve la gravedad de las acciones emprendidas por la supuesta mafia dentro de la Fiscalía.
Sus declaraciones ocurren luego de que a través de Youtube el Tercer Canal hiciera público un video en que hablaban de un presunto cartel de montajes judiciales durante la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, relacionados con los casos de la ‘ñeñepolítica’ y Pacho Malo.
Esta no es la primera vez que Gustavo Petro se enfrenta a acusaciones o intentos de judicialización; sin embargo, sus recientes declaraciones apuntan a un supuesto esquema mucho más complejo y entrelazado de corrupción, lo que ha generado un considerable debate público.
La respuesta de las instituciones involucradas y de la opinión pública será determinante en el desarrollo futuro de estos señalamientos.
Los detalles específicos sobre cómo operaba esta “mafia” dentro de la Fiscalía o evidencias concretas que sostengan las acusaciones de Petro aún no han sido divulgados de manera oficial. Sin embargo, “que tuvo como objetivo ganarme la presidencia en el 2018″, sugiere el impacto político que estas acciones podrían haber tenido, de ser ciertas.
Por ahora, Néstor Humberto Martínez no se ha pronunciado al respecto.
La ‘ñeñepolitica’
El caso de la ‘ñeñepolítica’ es un escándalo político en Colombia que involucra alegaciones de compra de votos y financiamiento ilegal en la campaña presidencial de 2018 del expresidente Iván Duque Márquez. El nombre ‘ñeñepolítica’ proviene de José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe Hernández, un narcotraficante colombiano implicado en el caso.
José Guillermo Hernández era un ganadero y empresario del Cesar, casado con la modelo y exreina María Mónica Urbina. Tenía conexiones con figuras políticas como Álvaro Uribe e Iván Duque, aunque la naturaleza exacta de estas relaciones no está claramente establecida.
El escándalo surgió tras el asesinato de Hernández en Brasil, lo que llevó a la revelación de su involucramiento en el narcotráfico y la política. Fotos de Hernández con el narcotraficante “Marquitos Figueroa” salieron a la luz, y posteriormente se reveló que Hernández también era un narcotraficante.
En marzo de 2020, se dieron a conocer grabaciones telefónicas asociadas a Hernández, que incluían cerca de 25.000 conversaciones. Estas grabaciones revelaron una posible compra de votos a favor de Duque, el apoyo a candidatos regionales, y otros negocios ilícitos.
El caso ha implicado a varios miembros del partido Centro Democrático, incluyendo a María Claudia Daza, asesora personal de Álvaro Uribe, y a Nubia Stella Martínez, para entonces directora del partido. Se les acusa de recibir aportes del narcotráfico para la campaña presidencial.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha estado investigando el caso, decretando la práctica de pruebas y solicitando testimonios de varias figuras políticas y militares. También se ha pedido información sobre las investigaciones que pesaban en contra de Hernández antes de su muerte.
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