Exalcalde de Piedecuesta investigado por el caso ‘Las Marionetas 2′ se entregó a la Fiscalía

El exalcalde de Piedecuesta (Santander) Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez, investigado por el entramado de corrupción en el Departamento de Prosperidad Social (DPS), se entregó a las autoridades.

El exfuncionario habría acudido ante la estación de Policía de Floridablanca con motivo de comparecer ante la Fiscalía General de la Nación, después de huir de la justicia por más de siete meses.

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La decisión de Cardozo Ordóñez de presentarse ante las autoridades podría estar motivada por problemas de salud agudos, que lo llevaron a salir de una finca donde estaría escondido. Por el caso de corrupción, también conocido como ‘Las Marionetas 2′, el exalcalde tenía vigente una orden de captura desde octubre de 2023.

Así mismo, su hijo, Raúl Cardozo Nuncira y su sobrino, Raúl Cardozo Navas, exgerente de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Aseo, Alcantarillado y Gas Natural, (Empas), de Santander, tienen orden de captura en su contra por estar vinculados con el caso.

De acuerdo el ente acusador, Raúl Cardozo Ordóñez y sus familiares tenían acceso previo a información sobre convocatorias de contratación por parte del DPS, facilitándoles acciones indebidas en dichos procesos.

La investigación sugiere que esta filtración de información permitió a Cardozo y sus allegados posicionarse de manera ventajosa en licitaciones y adjudicaciones de contratos gestionados por el DPS, vulnerando el principio de transparencia que rige la contratación pública en el país.

Así las cosas, Raúl Cardozo Ordóñez es acusado de los delitos de interés indebido para la celebración de contratos y concierto para delinquir agravado.

El caso del carrusel de la contratación del Departamento de Prosperidad Social, más conocido como ‘Las Marionetas 2′, ha destapado una serie de controversias relacionadas con irregularidades en los procesos de contratación, en los que se manipulan contratos gubernamentales para beneficiar a un grupo específico de contratistas a cambio de comisiones o sobornos.

En enero de 2024, la Fiscalía llamó a juicio a cinco involucrados en el entramado de corrupción, que harían parte de una empresa criminal que direccionó un contrato por más de $70 mil millones, de recursos provenientes del Fondo de Inversión para la Paz, y que fueron comprometidos a contratistas, bajo el interés de seis congresistas.

Se trata de Katherine Rivera Bohórquez, exasistente del senador Ciro Ramírez; Anderson González, contratista; Raúl Alfonso Cardozo, beneficiario de los contratos; Pierre García Jacquier, exdirector del DPS, y Andrés José Ospina, contratista y enlace del senador Miguel Ángel Barreto. Los cargos que enfrentan incluyen concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.

El escándalo de corrupción en el DPS surgió tras las revelaciones hechas por Pablo César Herrera, exdirector de Proyecta Quindío y principal testigo del caso. Herrera proporcionó evidencia significativa a la Fiscalía y la Corte Suprema, exponiendo un esquema de corrupción que varios senadores habrían replicado, buscando beneficios económicos a través de la adjudicación dirigida de contratos.

Los contratos direccionados desde la entidad fueron asignados en los departamentos de Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó y Tolima entre 2020 y 2022. Los senadores involucrados en el entramado de corrupción son: Mario Alberto Castaño Pérez (fallecido), Sammy Merheg, Carlos Abraham Jiménez López, Juan Felipe Lemos Uribe, Ciro Alejandro Ramírez, Miguel Ángel Barreto y Carlos Motoa.

De acuerdo con el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, cada senador contaba con un subgrupo de operaciones para obtener los beneficios ilícitos de la contratación estatal, lo que no solo compromete la transparencia y la equidad en la asignación de recursos del Estado, sino también plantea serias preocupaciones sobre la eficacia y la integridad de las instituciones involucradas.