El 18 de abril, los encargados de la investigación de la financiación de la campaña de Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes escucharon la declaración de Ricardo Roa, que fungió como gerente de la campaña presidencial del Pacto Histórico, acerca de los señalamientos sobre presuntas irregularidades en su financiamiento.
Roa, que está bajo escrutinio en medio de alegatos de donaciones no registradas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para respaldar la candidatura de Petro, así como las investigaciones contra Nicolás Petro, hijo del mandatario, por presuntos delitos vinculados a la entrada de dinero ilegal durante ese período electoral, ofreció su versión de los hechos. Relatos que fueron divulgados recientemente en varios medios de comunicación.
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Durante su comparecencia, Roa reconoció haber mantenido reuniones con delegados de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y la Unión Sindical Obrera (USO); sin embargo, negó categóricamente haber recibido aportes de estos sindicatos para la campaña presidencial. En sus palabras, resaltó que estas organizaciones tienen una personería jurídica que les impide efectuar contribuciones financieras de esa naturaleza, al menos según lo estipulado por la ley.
“Yo sí recuerdo haber recibido a un par de personas que los nombres ni los cargos lo sé, donde nos dijeron tener unos recursos para hacer el aporte de la campaña. Y las primeras cosas que aprendí es que las campañas presidenciales no pueden recepcionar recursos de entes con personería jurídica, Fecode es una personalidad jurídica, no podemos recepcionar esos recursos y ya hasta ahí llegó el tema (sic)”, se escucha a Roa.
Asimismo, desmintió haber recibido dinero de personas como Alfonso Hilsaca, conocido como El Turco, de Santander Lopesierra, conocido como El Hombre Marlboro, ni de Christian Daes, al señalar la importancia de apegarse a las regulaciones establecidas en la normativa electoral.
Roa también mencionó las instrucciones específicas que recibió de Gustavo Petro en relación con los límites de financiación durante la campaña.
“Él (Gustavo Petro) no permitiría bajo ninguna circunstancia la violación de los montos establecidos en las circulares del CNE”, afirmó Roa, al destacar la rigurosidad con la que se manejó el tema financiero en la campaña. Según sus palabras, presidió un comité conformado por diferentes miembros clave del equipo de campaña, incluyendo al auditor, al gerente, al director jurídico, al contador y el personero.
“En ningún momento podemos exceder los montos aprobados”, recalcó Roa, al manifestar que esta fue una de las principales directrices de Petro. Además, mencionó que la segunda instrucción fue evitar cualquier procedencia indebida de fondos que pudiera comprometer la integridad y la transparencia del proyecto político que representaba Petro, así como mitigar cualquier riesgo de vulnerabilidad frente a posibles infiltraciones de recursos externos.
Estas declaraciones, que fueron divulgadas, provocaron un debate en el ámbito político colombiano, que alimentó las especulaciones y las discusiones sobre la transparencia y la legalidad en el financiamiento de las campañas electorales.
Estos son los señalamientos de los “aportes” de Fecode a la campaña presidencial
De acuerdo con varios informes, la autorización para la transferencia de los fondos por parte de Fecode está registrada en un documento del sindicato, donde se indica que “el Comité Ejecutivo de la Federación aprobó contribuir económicamente para apoyar la campaña ‘Petro-Presidente 2022-2026′”. La suma fue transferida a través del representante del movimiento político Colombia Humana, Dagoberto Quiroga.
De acuerdo con las revelaciones, la donación realizada por Fecode no figura en el reporte presentado ante el CNE. Sin embargo, estos fondos sí aparecen entre los ingresos de Colombia Humana, entidad que supuestamente canalizó los recursos hacia la campaña presidencial de Petro.
La financiación de la campaña del actual mandatario estuvo a solo 151 millones de pesos de exceder el límite de gastos permitidos para la primera vuelta, y a tan solo 147 millones de superar el tope establecido para la segunda vuelta. La inclusión de los fondos provenientes de Fecode llevó a la campaña a rebasar los límites autorizados por las regulaciones correspondientes.
Cabe señalar que, la ley colombiana prohíbe que personas jurídicas realicen aportes a campañas presidenciales, y Fecode habría entregado los recursos a través de Colombia Humana, en una aparente triangulación que permitió que el dinero ingresara de manera indirecta a la campaña.