El miércoles 8 de mayo de 2024, se conoció que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) estudia la proposición de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz para investigar las posibles violaciones de los topes electorales en la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia.
Por tal motivo, de llegar a darse una investigación y que efectivamente encuentre inconsistencias en la financiación de la campaña, se podría generar un escenario en el que al presidente se le abra un proceso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo que podría llevar a un juicio por pérdida de investidura; mientras que el gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, podría enfrentar una investigación judicial.
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Delito electoral
En Colombia, la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales está estipulado en la ley como un delito electoral.
De acuerdo con el artículo 369B, adicionado por el artículo 15 de la Ley 1864 de 2017, la persona que administre los recursos de la campaña electoral y que exceda los topes o límites de gastos establecidos por el Consejo Nacional Electoral, de ser hallado culpable, tendrá que enfrentar una condena de 4 a 8 años de prisión, una multa igual al valor al excedido y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.
Dichos límites para las campañas presidenciales en las elecciones de 2022 quedaron estipulados en la Resolución No. 0694 de 2022, en la que se reajustaron los topes de gastos a invertir en las campañas que participarían en la primera y segunda vuelta electoral.
En ese documento se lee que el Consejo Nacional Electoral resolvió que los gastos para las campañas en primera vuelta sería de “veintiocho mil quinientos treinta y seis millones quinientos veinte mil cuatrocientos noventa y dos pesos moneda corriente ($28.536.520.492)” y especificó que “el monto fijado como tope de campaña comprende la sumatoria, tanto de los recursos aportados por el Estado, como los aportados por los particulares”.
En cuanto a la segunda vuelta, el tope fue de “trece mil trescientos cuarenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos veintisiete pesos moneda corriente ($13.347.457.427)”.
Del total de este dinero, el Estado colombiano aportó para la primera vuelta “siete mil setecientos sesenta y nueve millones seiscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y un pesos moneda corriente ($7.769.654.881)”, mientras que para la segunda vuelta el aporte estatal fue de “cuatro mil seiscientos sesenta y cinco millones seiscientos un mil quinientos ochenta y tres pesos moneda corriente ($4.665.601.583)”.
Los hallazgos del CNE
De acuerdo con los reportes del CNE, la campaña del Pacto Histórico a las presidenciales de 2022 habría excedido los topes electorales en $5.355 millones.
Estos recursos habrían sido ocultados de la siguiente manera:
- Primera vuelta: $3.709 millones.
- Segunda vuelta: $1.646 millones.
Entre los aportes que no aparecen reportados en la primera vuelta, según el CNE, están:
- Aporte Fecode: $500 millones.
- Préstamo del partido Polo Democrático Alternativo: $500 millones.
- Pago testigos electorales: $931 millones.
- Pago de publicidad: $356 millones.
- Gastos de transporte aéreo: $1.249 millones.
- Dineros que iban a ser destinados a la campaña al Senado de la coalición del Pacto Histórico: $202 millones.
- Aportes realizados por la Unión Sindical Obrera (USO): 121 millones.
Para la segunda vuelta, los recursos que, al parecer, no se reportaron fueron los siguientes:
- Dinero del costo del “Servicio de producción del evento final Pacto Histórico” que se realizó en el Movistar Arena: $100 millones.
- Pago testigos electorales: $177 millones.
- Pagos por el movimiento político Colombia Humana para transporte, alimentación y logística de testigos electorales: $530 millones.
- Gastos de transporte aéreo: $962 millones.
- Aporte a la campaña por parte de la Unión Sindical Obrera (USO): $379 millones.