JEP encontró más de 40 cadáveres en cementerio de Caldas: serían de víctimas del conflicto armado colombiano

En una operación llevada a cabo por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 42 estructuras óseas con señales de eventos violentos fueron exhumadas en el cementerio San Agustín, ubicado en Samaná, Caldas.

Estas estructuras, que se sospecha pertenecen a víctimas del conflicto armado colombiano, fueron encontradas entre un total de 171.806 estructuras óseas que representarían a aproximadamente 831 personas, durante una intervención forense que duró 17 días.

Este hallazgo, “marcado por signos de violencia”, según lo indica la JEP, ha sido remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Inmlcf) para su analítica y posible identificación.

Las estructuras comprenden 31 cráneos, un bloque anatómico que sería un individuo completo, y 10 estructuras óseas aisladas, las cuales podrían o no tener relación genética entre sí o con el bloque anatómico.

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Dicha operación fue impulsada por una medida cautelar de la JEP, con el fin de proteger los cementerios de Norcasia, Samaná, y Victoria, en Caldas. Su propósito fundamental es ofrecer respuestas a los familiares de personas desaparecidas forzosamente en el Magdalena Medio caldense, una región que ha visto una considerable cantidad de víctimas debido al conflicto armado en Colombia.

Los osarios colectivos, según ha evidenciado esta y otras intervenciones, se presentan como complejos desafíos en el proceso de recuperación e identificación debido a la falta de registros y control en el depósito de los cuerpos. Este problema se agrava al encontrar que muchos de los restos se mezclaron con aquellos de personas identificadas pero nunca reclamadas por sus familias.

Los huesos no relacionados con eventos violentos serán devueltos al cementerio para ser incluidos en un “Santuario de la Memoria”, en honor y recuerdo de los fallecidos.

“Tal y como se evidenció durante la jornada de intervención forense de 17 días en el Cementerio San Agustín, los cuerpos de las víctimas fueron depositados sin llevar un control y registro organizado” explicó la JEP.

El proceso de análisis e identificación incluirá la extracción del perfil genético de las estructuras óseas encontradas, para ser migradas al Banco de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas (BPGPD), donde se realizarán cruces con perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas ya existentes en el banco.

Este esfuerzo representa un paso crucial hacia el esclarecimiento de la suerte y paradero de las víctimas de desaparición forzada en Colombia, brindando eventualmente un cierre a los familiares.

El grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, quienes llevaron a cabo la intervención, trabajaron en un área de 16.502 metros cuadrados, cavando hasta 2,25 metros de profundidad para asegurarse de recuperar la mayor cantidad de restos posibles. De acuerdo con el Gatef, “el análisis forense arrojó 171.806 estructuras óseas recuperadas (partes aisladas de cuerpos sin identificar) que representarían 831 personas”.

El Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tomado un paso significativo al entrar en la etapa de juicio en las causas agrupadas como casos 03 y 04, centradas en los crímenes de asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia.

Esta fase inicia la cuenta regresiva hacia la posible sentencia de ocho exintegrantes de las fuerzas armadas, implicados en dichos actos entre los años 1997 y 2007. En un movimiento hacia la justicia y la reparación, la acción de la JEP marca un hito en el procesamiento de violaciones a los derechos humanos en Colombia.

En el trasfondo de este proceso judicial, los militares retirados bajo investigación han admitido su participación en los crímenes, lo que ha llevado a su imputación por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, orientada a la imposición de sanciones restaurativas. Las sanciones que la JEP aplicará se centrarán no solo en la penalidad sino también en aspectos reparadores y restaurativos para las víctimas, siguiendo un enfoque que busca restituir el tejido social dañado por el conflicto armado. Entre los acusados, figuran los coroneles (r) David Herley Guzmán Ramírez y Jorge Alberto Amor Páez, quienes, a diferencia de otros implicados, no han reconocido su responsabilidad, lo que podría resultar en penas de hasta veinte años de prisión si se les encuentra culpables.