Abogado del presidente Gustavo Petro pidió suspender al fiscal Mario Burgos: la Comisión de Disciplina Judicial tomó una decisión

El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, magistrado Alfonso Cajiao Cabrera, dio a conocer por medio de un comunicado en la mañana del jueves 9 de mayo su respuesta a las solicitudes del abogado del presidente Gustavo Petro, Mauricio Pava, hechas el pasado 19 de marzo.

Pava pedía suspender provisionalmente al fiscal Mario Burgos y tener acceso al expediente del proceso disciplinario respecto a las actuaciones de ese funcionario en el caso de Nicolás Petro.

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La respuesta del magistrado Cajiao fue denegar dichas pretenciones, bajo el argumento de que no corresponde a la Jurisdicción Disciplinaria compartir procesos en curso a quienes no ostentan la condición de sujetos procesales, “y que no están dadas las condiciones objetivas para tomar una medida de suspensión, menos cuando la ley establece una clara independencia de poderes que otorgan autonomía a la Rama Judicial”, se puede leer en el comunicado.

De tal forma que “la máxima autoridad disciplinaria de la Rama Judicial mantiene su independencia y actuará en derecho, de cara a la toma de las decisiones que correspondan y en los términos de ley, en relación con el caso del fiscal Mario Burgos Patiño”, aseguró la carta del magistrado.

Mario Burgos, quien tiene en sus manos la investigación contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tiene un proceso disciplinario en la Comisión debido a la filtración del video del interrogatorio del hijo mayor del Presidente a un medio de comunicación antes de que lo conociera el juez del caso.

Por eso, en el marco de ese proceso, se llevó a cabo el lunes 6 de mayo la audiencia de recepción de testimonios, en la que se escuchó a Laura Ojeda y Katia Burgos (esposa y mamá de Nicolás Petro, respectivamente) y a dos funcionarios del CTI ―Víctor Forero y Juan Camilo López―, “que participaron de los procedimientos relacionados con dicha investigación”.

El magistrado Cajio fue quien asumió el caso del fiscal Mario Burgos, porque la magistrada ponente Magda Victoria Acosta se apartó de la investigación debido a que trabajó en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) entre 2012 y 2016, época en la que el hoy presidente Gustavo Petro presidió la Junta Directiva de la compañía al ser el alcalde de la ciudad.

La Comisión detalló que durante la diligencia del 6 de mayo, el fiscal Burgos estuvo conectado durante toda la audiencia “para escuchar, comentar y controvertir, en función de sus derechos, las versiones de las personas anteriormente mencionadas”.

Así mismo, explicó que “el traslado del proceso se realizó en cumplimiento del reglamento de la Comisión, que estipula que cuando se acepta una manifestación de transparencia, el caso es asumido por el siguiente despacho en estricto orden alfabético, es decir el del magistrado Cajiao”.

Por otra parte, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), anunció que no implicará al presidente de la República ni a su primogénito en las pruebas y declaración que entregará sobre los presuntos actos de corrupción en el proyecto de suministro de agua potable en La Guajira.

López, actualmente investigado por irregularidades en la adquisición de carrotanques destinados al transporte de agua, asegura su compromiso de colaborar con la justicia, presentando evidencia sin implicar a figuras políticas de alto nivel.

La defensa de López se ha mostrado dispuesta a esclarecer los hechos ante la justicia, solicitando incluso una mesa de trabajo con la Fiscalía General de la Nación para discutir la posibilidad de acceder a un principio de oportunidad. Esta apertura hacia la colaboración señala su intención de revelar la “verdad y solo la verdad” acerca de las operaciones en el extremo norte del país, enfocadas en remediar la falta de acceso al agua potable en comunidades vulnerables.

Surgen preocupaciones en torno a supuestas maniobras políticas que buscarían desestabilizar al gobierno actual, según declaraciones de la defensa de López. Denuncian el temor de ser víctimas de represalias por ejercer su profesión y defender los derechos en este alto perfil caso, resaltando la ausencia de cualquier agenda política detrás de sus acciones legales. En este contexto, la defensa ha hecho un llamado a la Procuraduría para obtener protección y garantizar un ejercicio justo de la defensa.