Investigan a Emilio Archila y a otros exmiembros del Ocad Paz por presunta corrupción

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado un proceso de investigación contra Emilio José Archila Peñalosa, quien fungió como Alto Consejero Presidencial para la Consolidación y Estabilización entre 2019 y 2021 en el gobierno de Iván Duque, por presunta corrupción.

Desde el Ministerio Público anunciaron la apertura de una investigación en contra de exmiembros del Ocad Paz por las irregularidades en un proyecto financiado con regalías.

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Otros exmiembros del Ocad Paz que son investigados por el organismo de control son José Facundo Castillo Cisneros, exgobernador de Arauca, y Martín Guillermo Zuleta Mieles, exalcalde de La Paz, Cesar.

Este grupo de exfuncionarios, todos miembros del Órgano Colegiado de Decisión, Ocad Paz, enfrentan alegatos de malversación y gestión indebida en la asignación y ejecución de un proyecto de pavimentación valorado en 7.152 millones de pesos (aproximadamente 1.8 millones de dólares), destinado a mejorar las vías en Miranda, Cauca.

El financiamiento provino de recursos destinados a regalías, especialmente designados para el desarrollo de infraestructura crucial en regiones necesitadas.

Una de las principales irregularidades señaladas refiere a la designación del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Social y la Gestión Social como entidad ejecutora de este proyecto de infraestructura vial, a pesar de su manifiesta falta de experiencia, capacidad técnica y administrativa en proyectos de esta envergadura.

Esta elección se realizó supuestamente ignorando el precario índice de gestión de proyectos de regalías del fondo, que apenas alcanza el 18%, lo cual pone en duda la viabilidad y adecuación de esta elección para dicho proyecto.

En respuesta a estas acusaciones, el Ministerio Público ha solicitado múltiples pruebas y documentos para profundizar en su investigación.

Entre la solicitudes que hicieron desde el organismo de control, destaca la petición de los estudios preliminares realizados al Fondo Mixto para justificar su propuesta como ejecutor del proyecto y las certificaciones que avalarían su experiencia técnica.

Así mismo, se ha requerido información sobre el personal asignado al proyecto, incluyendo ingenieros civiles, arquitectos y geólogos, y la documentación financiera correspondiente a los años 2019 a 2021, en un intento por esclarecer las finanzas y la capacidad técnica detrás de la ejecución de la obra.

Desde el Ministerio Público aseguraron que esta investigación subraya el compromiso de la Procuraduría General de la Nación por asegurar una gestión transparente y eficaz de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, especialmente en un contexto donde tales fondos son esenciales para el desarrollo equitativo y sostenible de regiones históricamente afectadas por la falta de infraestructura adecuada.

Esta acción disciplinaria no solo busca esclarecer las acusaciones actuales, de acuerdo con lo establecido por el organismo de control en el comunicado que emitieron el miércoles 8 de mayo de 2024, sino también sentar un precedente de diligencia y rigor en la asignación y gestión de recursos públicos, indispensables para la consolidación y estabilización del país.

El caso en curso resalta la importancia de una supervisión meticulosa y un marco de rendición de cuentas en la administración de proyectos financiados con dinero público. A medida que la investigación avance, se espera obtener claridad sobre las decisiones tomadas por los exfuncionarios del Ocad Paz y determinar si estas estuvieron alineadas con los mejores intereses de las comunidades afectadas y los objetivos de desarrollo a largo plazo del país.

Así mismo, a partir de los hallazgos que haga el Ministerio Público en este caso, se espera conocer si los exfuncionarios son objeto de sanciones disciplinarias por parte del organismo de control.