Congresistas del Pacto Histórico presentaron recusación contra el magistrado Álvaro Prada en el caso de Petro

Congresistas pertenecientes a la coalición del Pacto Histórico presentaron una recusación en contra del magistrado Álvaro Hernán Prada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta acción, fundamentada en presuntas violaciones al principio de imparcialidad y al régimen de conflicto de interés, marcó otro capítulo en el proceso que involucra al presidente Gustavo Petro y su campaña presidencial de 2022.

El detonante de este episodio fue la radicación de una ponencia por parte de los magistrados del CNE Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, en la que se solicitaba abrir una investigación y formular cargos contra el presidente Petro y el entonces gerente de su campaña, Ricardo Roa. La ponencia se basaba en hallazgos que señalaban la presunta violación de los topes salariales de campaña establecidos por la ley.

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Uno de los puntos cruciales que impulsaron la recusación fue la percepción de los congresistas de la coalición del Pacto Histórico sobre la falta de imparcialidad por parte del magistrado Prada. Argumentan que existen evidencias que sugieren un interés particular por parte del magistrado que va más allá de la mera aplicación de la ley.

Además, se hace hincapié en la historia reciente de Prada, que renunció a su curul en el Congreso del Centro Democrático y posteriormente fue nombrado como magistrado del CNE, en un contexto en el que enfrentaba una investigación de la Corte Suprema por presunto soborno.

Ante esto, desde la coalición, los congresistas señalaron que presentaban una recusación en contra del magistrado Álvaro Hernán Prada ante el CNE “por la evidente vulneración al principio de imparcialidad y la violación al régimen de conflicto de interés consagrado en la Ley 1437 de 2011″.

La recusación presentada abarca 66 folios, en lo que se detalla las razones por las cuales se considera que la actuación del magistrado Prada compromete la imparcialidad del proceso. Entre los argumentos presentados se destaca la solicitud de suspender de inmediato la actuación sobre el caso que involucra al presidente Petro, hasta que se resuelva definitivamente la recusación. Esta petición busca garantizar un proceso justo y transparente, en línea con los principios democráticos y el Estado de derecho, de acuerdo con el comunicado presentado.

En el comunicado del Pacto Histórico se lee que: “Hemos presentado claras evidencias que dan cuenta de los impedimentos de interés indebido y animadversión del Magistrado contra el Presidente, su campaña y el proyecto político que lidera, las cuales denotan un interés particular que trasciende la órbita de los argumentos fundamentados (sic)”.

Asimismo, se hace referencia a los intentos previos del magistrado Prada de buscar su elección como investigador en el caso contra el Presidente, lo que, según el comunicado, afectaría su capacidad para brindar garantías en el proceso.

“Desde el Pacto Histórico hacemos un llamado al respeto por la institucionalidad democrática y la independencia de poderes, para garantizar el Estado social de derecho y la voluntad popular que emana del constituyente primario”, se lee en el comunicado.

El presidente Gustavo Petro se encuentra en el centro de la polémica luego de que los magistrados del CNE, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, radicaran una ponencia solicitando abrir una investigación y formular cargos en su contra, así como contra el entonces gerente de su campaña, Ricardo Roa. Esta solicitud se basa en presuntas violaciones a los topes de campaña establecidos por la ley, lo que ha desatado un intenso debate político en el país.

Según los magistrados Prada y Ortiz, que presentaron un extenso documento luego de meses de investigación, existen argumentos suficientes para determinar que la campaña del Pacto Histórico, liderada por Petro, violó los topes salariales de campaña permitidos por la ley.

Entre las pruebas presentadas se encuentran los pagos a cerca de 60.000 testigos electorales del Pacto Histórico en todo el país para la segunda vuelta en junio de 2022, que no fueron reportados debidamente. Asimismo, se hallaron soportes de aportes económicos realizados por sindicatos, como la USO y Fecode, que habrían sido empleados para financiar la campaña presidencial.

Otro punto que llamó la atención de las autoridades electorales son los gastos relacionados con los vuelos a diferentes regiones que hicieron integrantes de la campaña, incluyendo al presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Estos gastos, según la ponencia presentada por los magistrados del CNE, no habrían sido plenamente reportados, lo que plantea serias interrogantes sobre la transparencia financiera de la campaña.

Ante estas acusaciones, los magistrados del CNE deberán votar sobre si deciden formular cargos en contra del presidente Petro. En caso afirmativo, se dará comienzo a una investigación formal sobre el posible delito de financiación ilegal de la campaña electoral; sin embargo, para que esto prospere se necesita al menos cinco respaldos en la sala plena integrada por 10 magistrados.

La reacción del presidente Petro no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, calificó la decisión del CNE como un “golpe blando” y criticó lo que considera una interpretación sesgada de la ley. En sus declaraciones, el jefe de Estado defendió la legalidad de los gastos realizados durante su campaña y argumentó que los recursos destinados a actividades como el pago de testigos electorales y el transporte de colaboradores no constituyen un acto de campaña.