Aclaran si Gustavo Petro podría perder su investidura por investigación del CNE: escenarios y tiempos, según experto

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha avanzado en un proceso que podría cambiar el panorama político del país, tras la formulación de cargos contra el presidente Gustavo Petro y contra Ricardo Roa, gerente de su campaña presidencial por el Pacto Histórico. Esta acción responde a la investigación a la campaña electoral del 2022 sobre presuntas irregularidades relacionadas con su financiación de la campaña electoral, específicamente por violación a los límites de financiación establecidos por la ley.

El 8 de mayo, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz presentaron ante la Sala Plena del tribunal una ponencia de imputación y formulación de cargos hacia Petro y Roa. Esta medida se toma luego de indicios que sugieren que la campaña del ahora presidente podría haber excedido los topes de financiación permitidos durante el proceso electoral, arriesgándose a consecuencias rotundas, incluida la posibilidad de perder su investidura.

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Infobae Colombia dialogó con Hernando Herrera Mercado, abogado y experto en derecho constitucional, quien explicó el despliegue de episodios que llevarían a Gustavo Petro a salir de su cargo.

En primer lugar, destacó que los cargos formulados por los magistrados del CNE no significan que la entidad esté investigando al primer dignatario. Es decir, la indagación es a “la campaña presidencial de quien obtuvo la mayoría de votos para llegar a la Casa de Nariño”. En ampliación, “el Consejo Nacional Electoral determina la responsabilidad de la campaña y, como dice la ley, de su representante, es decir, de las personas que hubieran coordinado gerenciado la campaña, como del candidato”.

No obstante, destacó que, en línea con el artículo 109 de la Constitución, “hay un delito que impone que quien específicamente sobrepase, viole, esos topes electorales comete ese esa infracción de esa naturaleza penal, que genera una pena en lo que hace de prisión de los 4 a los 8 años, la inhabilitación para ejercer cargos públicos y penas accesorias”, expresó.

Una vez el CNE determine esas responsabilidades, el proceso pasa al Congreso. Es decir, que la investigación del CNE a la campaña “sirve de base para un proceso que ya no abre el Consejo Nacional Electoral, sino que en Colombia —como el presidente tiene fuero—, lo abre el Congreso, para eventualmente decretar una pérdida de investidura a ese respecto”.

Si tal situación llega a suceder, Gustavo Petro “podría estar enfrentado el día de mañana en la fase de Congreso a una eventual pérdida mediante un juicio de indignidad. Y lo otro: si existen también investigaciones penales, le correspondería la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esos son los escenarios a los que se somete jurídicamente la campaña y el Presidente de la República en lo administrativo y en lo judicial”.

Aún así, según el experto consultado por Infobae Colombia, “faltan muchos pasos” para determinar una responsabilidad, pues “hasta ahora lo que se está surtiendo es la fase administrativa que le corresponde al CNE y que puede determinar entre otras si hay lugar a esa formulación, a que se pueda perder la personería jurídica por parte del movimiento que auspició esa violación de los topes y por parte del candidato”.

En el caso de Gustavo Petro, si se comprueban los sobrepasos a los topes y la investigación pase al Congreso, una eventual salida del mandatario de su despacho “dependerá de la agilidad y el compromiso de los congresistas, si es que se llega hasta allá, pero un plazo pues que pareciera ser razonable, siempre y cuando el Congreso cumpla con ese cometido y que no haya dilaciones injustificadas, podemos estar hablando que a los sumo debería tardar más allá de un año”, de acuerdo con Herrera.

El CNE afirma contar con sustentos para determinar que la campaña Petro Presidente 2022-2026. Dichas irregularidades merecen especial atención, en virtud de que “los topes electorales no son un capricho de naturaleza contable o financiera a cargo de la autoridad encargada de limitarlos. Son fundamentales para velar por el equilibrio electoral, para que una campaña no cuente con más recursos y, por ende, con mayor posibilidad de llegarle al electorado”.