Abogado de Gustavo Petro acusó al CNE de cometer “monumental error jurídico” por abrir investigación al Presidente

En una movida legal que ha generado controversia, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz presentaron en la mañana de este 8 de mayo la ponencia de formulación, imputación y formulación de cargos que marca el inicio de una investigación formal contra el actual presidente y su equipo de campaña, Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su campaña en 2022.

El abogado del presidente Petro, Mauricio Pava, ha reaccionado ante esta acción, calificándola como un “monumental error jurídico”. Pava argumentó a la FM que el Consejo Nacional Electoral (CNE) carece de competencia para investigar al presidente de la República. De hecho, el equipo de defensa de Petro ha expresado su intención de impugnar esta decisión.

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“Todas las denuncias en su contra las debió asumir la Cámara de Representantes. Así lo hizo la Corte Suprema con las denuncias como senador y el CNE debió hacer lo mismo y por eso pedimos la remisión de esos expedientes al juez natural del jefe de Estado”, concluyó Pava.

“El Consejo Nacional Electoral seguirá adelante con el proceso relacionado con la campaña, y estamos firmemente convencidos de que demostrarán su cumplimiento con la ley (...) Pronto, el país conocerá que el presidente actúa de manera correcta cuando se haga pública la investigación”, enfatizó el abogado de Petro.

Por su parte, el Presidente también se pronunció al respecto: “Estamos ante una arbitrariedad: Una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde es con la fuerza del pueblo. Invito a todas las instancias del Pacto Histórico a reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular”.

Finalmente, el mandatario agregó que la democracia está “en emergencia” y habló de un golpe de estado en Colombia, esta vez ya no de un golpe blando.

Es importante mencionar que Mauricio Pava ya había solicitado a la Comisión de Acusaciones que requiriera al CNE archivar todos los procesos en los que se menciona a Petro, y remitir los expedientes al Congreso.

El extenso documento contiene pruebas documentales y testimonios que apuntan a las irregularidades en el equipo del entonces candidato presidencia. Uno de los puntos que destaca es la omisión de los aportes en especie proporcionados por la empresa Daily Cop, evaluados en 2.000 millones de pesos.

Otra información relevante de la acusación también se centra en diversas contribuciones cuestionables, como donaciones de Fecode y la USO. Fecode habría aportado 500 millones de pesos al partido, lo que suscita sospechas de una posible triangulación financiera para encubrir el destino real de los fondos. Por otro lado, la USO figura con una contribución de 600 millones de pesos, confirmada por una auditoría de su asamblea nacional de delegados.

Además, cerca de 35.000 testigos electorales recibieron un pago de 60.000 pesos el día de las elecciones, lo que en total representaría más de 1.000 millones de pesos no declarados. Estas alegaciones se basan en un exhaustivo análisis de la información financiera entre la campaña y diferentes entidades de transferencias monetarias.

El paso a seguir ahora es que los ocho magistrados del Consejo Nacional Electoral deben decidir si proceden con la formulación e imputación de cargos o si, por el contrario, optan por archivar el caso.

Esta decisión marcará el próximo paso en una investigación que no solo tiene implicaciones administrativas para los directivos de la campaña involucrados, sino que también podría influir en investigaciones primarias llevadas a cabo por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia sobre Gustavo Petro y otros altos funcionarios.