Judicializan a cinco militares por comercializar armas con las disidencias de las Farc

La Fiscalía General de la Nación informó la captura de cinco integrantes del Ejército Nacional implicados en un esquema ilegal de venta de armas.

Los hechos, que tuvieron lugar en Cali, Valle del Cauca, entre marzo y abril de 2023, involucran la transacción de un arma de fuego entregada a un miembro en proceso de reincorporación de las disidencias de las Farc.

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Entre los militares judicializados están el capitán Gustavo Bayter Jiménez, la subteniente María Fernanda González Gamboa, el cabo tercero Thaysir Hernando Vergara y los sargentos segundos Yesith Bernardo Campo Maradiaga y Lorenzo Segura Arcos.

Estos miembros del Ejército, según las investigaciones, habrían fallado en sus deberes de custodia y control sobre el armamento. Se alega que estos utilizaron a un exintegrante de las disidencias para concretar la venta de la pistola, la cual se realizó por una suma de 4.500.000 pesos el 23 de abril en un billar del barrio Meléndez en Cali.

El proceso de judicialización se pudo llevar a cabo gracias a la captura de los implicados el pasado 2 de mayo, en una operación coordinada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en colaboración estrecha con el Ejército y la Policía Nacional.

A los cinco miembros de las fuerza militares les imputaron cargos por prevaricato por omisión, tráfico de armas de fuego de uso restringido y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio.

“Los integrantes del Ejército Nacional habrían omitido descaradamente sus deberes, instrumentalizando a terceros para el ilícito”, señalaron desde la Fiscalía General de la Nación, a través de un comunicado.

Por estos hechos, Bayter Jiménez, González Gamboa, Hernando Vergara y Campo Maradiaga fueron enviados a un centro carcelario, mientras que Segura Arcos continúa el proceso en libertad, pero vinculado a la investigación que sigue en curso en la Fiscalía.

El escenario de estos hechos saca a la luz el desafío que representa la gestión y control del armamento en zonas de reincorporación, así como la necesidad de reforzar los protocolos y medidas de seguridad por parte de las autoridades militares. Este caso, en particular, destaca la vulnerabilidad del sistema y la urgencia de implementar estrategias efectivas para prevenir la desviación de armas hacia el mercado negro.

La Fiscalía ha llamado la atención sobre la gravedad de estos hechos, resaltando la colaboración interinstitucional como pieza clave en la detección y desarticulación de redes ilegales dentro de las fuerzas armadas.

“Este es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad del Estado es fundamental para preservar la integridad y seguridad nacional”, enfatizaron desde el ente investigador.

Este incidente también abre el debate sobre la efectividad de los procesos de desmovilización y reincorporación a la vida civil de excombatientes, así como la supervisión de los elementos entregados durante este proceso. Constituye un llamado urgente a revisar y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento para evitar que armas y municiones caigan en manos indebidas, lo cual podría poner en riesgo la seguridad y el orden público.

Ante este escenario, la opinión pública aguarda con expectativa los avances de la investigación y las medidas que adoptarán las autoridades para asegurar la justicia y evitar la repetición de incidentes similares. La transparencia y la responsabilidad son, sin duda, esenciales para mantener la confianza en las instituciones encargadas de proteger a la sociedad.

Además de la noticia de los militares judicializados, el martes 7 de mayo se conoció que por petición de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a seis integrantes de la Policía Nacional, que estarían involucrados en los actos de tortura y posterior homicidio de un joven extranjero, el 23 de diciembre de 2023, en Chinchiná, Caldas.