Investigan posible conflicto de interés en contrato de hermano de Hollman Morris que involucraría al representante Alejandro Toro

El caso de Alejandro Toro, representante a la Cámara y aliado de Daniel Quintero, se complicó tras revelarse documentos que sugieren una posible inhabilidad en su candidatura para las legislativas de 2022.

Según se conoció, la abogada Gloria Jaramillo dio a conocer nueva evidencia que vincula a Toro con contratos suscritos con la precedente administración de Medellín, a través de Avanti Centro de Formación, organización sin fines de lucro fundada por él y asociada con el hermano de Hollman Morris, actual gerente de Rtvc.

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Estos documentos jugarían un papel crucial en una demanda ante el Consejo de Estado, con la cual se busca la pérdida de investidura de Toro, argumentando que hasta diciembre de 2021, tres meses antes de ser electo congresista, ejecutó un contrato de $50 millones suscrito entre Avanti y el Colegio Mayor de Antioquia.

Según la acusación, esto violaría las normas electorales que prohíben a los candidatos tener contratos con entidades públicas en el periodo previo a las elecciones. Los informes de ejecución del contrato revelan la participación directa de Toro, incluso como tallerista, durante septiembre y octubre de 2021.

La defensa de Toro sostuvo que desde el 20 de agosto de 2021 él no era el representante legal de Avanti, lo que teóricamente lo excluiría de cualquier inhabilidad. Sin embargo, irregularidades en los documentos de cambio de la representación legal presentados, que supuestamente no se inscribieron formalmente hasta después del 10 de septiembre de 2021, han despertado dudas respecto a la validez de este argumento.

Este giro en los acontecimientos aporta capas adicionales de complejidad al caso de Toro, cuya carrera política pende de un hilo a medida que se desarrolla la investigación sobre su legibilidad para haber ocupado un escaño en el Congreso.

La atención está puesta en cómo la presentación de estos documentos afectará el juicio de inhabilidad en su contra y qué repercusiones tendría esto para sus aliados políticos, incluido el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Una serie de contratos suscritos entre la Federación Internacional de Prensa de los Pueblos (Fipu) y el canal público Telemedellín, durante la administración del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, generó controversia debido a alegaciones de irregularidades. Entre noviembre de 2020 y octubre de 2023, se registraron al menos 20 contratos para publicidad, con montos que varían desde los 3.55 millones hasta los 56 millones de pesos.

Además, destaca un contrato por 115 millones de pesos para el 2024 con la Alcaldía de Buga, Valle del Cauca, aprobado gracias a la “experiencia” certificada por Telemedellín.

La relación de Alejandro Toro, congresista y vinculado a las fundaciones implicadas, es especialmente objeto de escrutinio. Toro, a través de su fundación Fundación Avanza Colombia por la Paz y en asociación con Contravía, fundó Fipu en 2017. Posteriormente, asumió su presidencia en 2020, recomendado por Juan Pablo Morris.

Los contratos otorgados desde entonces despertaron sospechas sobre posibles conflictos de interés y contrataciones indebidas, especialmente teniendo en cuenta el momento en que Toro dejó la representación legal de Avanti, coincidiendo en fechas con decisiones administrativas importantes en Fipu.

Los documentos sugieren que la fecha de algunos contratos y decisiones administrativas podría indicar un conflicto con las restricciones electorales, alimentando las alegaciones de contrataciones ilícitas con la administración municipal. Estas conexiones y el flujo de contratos han llevado a cuestionamientos sobre la legitimidad de las operaciones entre Fipu, la Alcaldía de Medellín y Telemedellín, bajo el mandato de Quintero.

Las implicaciones para Toro surgen en un contexto de denuncias previas contra otro alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quien Toro ha acusado de ignorar las evidencias de corrupción en la administración de Quintero. La situación es compleja y espera resolución por parte del Consejo de Estado, el cual deberá determinar la existencia de irregularidades en este entramado de contrataciones públicas.

Este caso pone en relieve la delicada relación entre la administración pública y las fundaciones privadas, y cómo las conexiones políticas pueden influir en la adjudicación de contratos municipales. La investigación sigue su curso, y las decisiones del Consejo de Estado serán clave en el esclarecimiento de las alegaciones de corrupción y conflicto de interés.