Una fiscal seccional de Apartadó, ubicado en el Urabá antioqueño, recibió intimidaciones por parte del padre de uno de los delincuentes que judicializó en medio de un proceso por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.
El joven de 24 años se encuentra privado de la libertad tras una investigación en su contra, por lo que el padre del señalado decidió enviarle un audio a la fiscal, por medio del cual la amenazaba con matarla por su decisión.
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Incluso, el criminal le aseguró a la funcionaria que la esperaría a la salida de su oficina y la asesinaría si es que no “colaboraba” con la situación jurídica del joven, por lo que estos mensajes intimidatorios se convirtieron en una prueba para empezar un proceso en su contra.
Y es que el hijo de Jorge Eliécer Ruiz Osorio fue enviado a prisión como una medida preventiva el 26 de abril de 2024, por pertenecer a la banda delincuencial conocida como Los Zombis, así que su padre decidió enviar varias amenazas a la juez para que el joven fuera liberado.
Afortunadamente, el 7 de mayo se confirmó que el padre del criminal fue capturado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General y la Policía Nacional, que lo condujeron a las audiencias posteriores, por medio de las cuales se le imputaron cargos ante la contundencia de las pruebas.
Después de que las autoridades le confirmaran los cargos por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos agravado, el sujeto no aceptó haberlos cometido, aunque gracias a las evidencias en los chats de la fiscal, las autoridades le comunicaron que iría a prisión, al igual que su hijo.
De acuerdo con la ley colombiana, el artículo 188 del Código Penal indica que las amenazas contra defensores de Derechos Humanos y Servidores Públicos son un delito que será pagado con cárcel, por lo que los ciudadanos deben abstenerse de atacar a los funcionarios.
“El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona que ejerza actividades de promoción y protección de los derechos humanos, o a sus familiares, o a cualquier organización dedicada a la defensa de los mismos, dirigentes políticos o sindicales comunicándole la intención de causarle un daño constitutivo de uno o más delitos, en razón o con ocasión de la función que de 72 a 128 meses de prisión y una multa de 17,77 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, indica la ley.
Antioquia ha registrado gran cantidad de sucesos sorprendentes durante 2024, los cuales están relacionados con delitos como hurtos y ataques violentos en contra de la vida de los habitantes de la zona y hasta turistas.
Uno de los más sonados, que sacudió a los habitantes de esta zona del Urabá, ocurrió el 19 de marzo, cuando una mujer de 30 años y su hijo de 16 fueron asesinados al interior de su finca, ubicada en la vereda La Esperanza.
Los fallecidos pertenecían a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la encargada de dar a conocer esta situación. “Para atender la situación, usted sabe que la Comunidad de Paz tiene un protocolo, entonces también a través de la Defensoría estamos haciendo las consultas para poder ingresar a la zona”, reveló el comandante de la Policía Urabá, coronel William Zubieta.
Este doble asesinato quedó en manos de las autoridades como todos los que se han registrado en el año, así que se espera una pronta solución y que todos los criminales que atenten contra la vida de los habitantes de la zona o amenacen hacerlo, como lo hizo Ruiz Osorio con la fiscal, vayan a prisión.