Él es Luis Gustavo Moreno, el polémico abogado de Sneyder Pinilla que fue extraditado y condenado por corrupción

El Gobierno de Gustavo Petro atraviesa el que es considerado por muchos como el peor escándalo desde que el máximo líder del Pacto Histórico llegó al poder. Múltiples versiones apuntan a que funcionarios de la actual administración recibieron millonarios sumas de dinero a cambio de apoyar diferentes medidas impulsadas por el jefe de Estado.

Los hechos están basados en un contrato para la compra de 80 carrotanques en La Guajira que, según explicó el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Sneyder Pinilla, fue usado como pretexto para entregar sobornos a congresistas con el fin de que apoyaran las reformas impulsadas por la bancada del máximo líder del Pacto Histórico.

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La situación ha generado una enorme polémica debido a que, más allá de la gravedad del caso, dentro del mismo hay personas que fueron protagonistas de uno de los escándalos más sonados de los últimos años en el país. Se trata del ‘cartel de la toga’, proceso que involucró a varios magistrados y en el que uno de los miembros de la defensa de uno de los implicados fue uno de los principales actores.

Se trata de Luis Gustavo Moreno, que fue extraditado y condenado por estar inmerso en aquel caso de corrupción que llamó la atención de todo el país.

Luis Gustavo Moreno nació en Barranquilla en 1982. Años después, decidió cursar sus estudios en Derecho en la Universidad Libre, donde se graduó como jurista en 2007. Posteriormente, el atlanticense obtuvo una maestría en Derecho Penal en la misma institución educativa, así como desarrolló una especialización en Derecho Probatorio en la universidad Sergio Arboleda.

No obstante, desde antes de obtener su título como jurista, Moreno había comenzado a ejercer como contratista de una empresa inmobiliaria, meses atrás de trabajar con una firma de abogados.

Para 2009, el barranquillero asesoró a la Secretaría de Ambiente de Bogotá en la “planeación y fortalecimiento de la gestión institucional”. Poco tiempo después, entró a la Fiscalía General de la Nación como contratista y estuvo inmerso en un proceso de acompañamiento de los “recursos de casación y acciones de revisión ante la Corte Suprema de Justicia”.

Fue un par de años más tarde que Moreno regresó a los entes distritales, brindando asesoría legal a la Secretaría de Gobierno, así como a la Personería de Bogotá. En 2014, fue vinculado a la Cámara de Representantes, nuevamente por sus asesorías, recinto en el que presuntamente estableció cercanía con el magistrado José Leonidas Bustos.

No fue casualidad que un año más tarde fuera traspasado a la Fiscalía General de la Nación, organismo en el que fue nombrado Director Nacional Anticorrupción por el entonces jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez. Y es que fue en dicho cargo que Moreno llamó la atención del país.

Para 2016, cuando el barranquillero ya ejercía dicho papel dentro del ente acusador, este pidió coimas al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons —acusado por corrupción— para que las autoridades no adelantaran los procesos correspondientes en su contra. Así las cosas, el atlanticense viajó a Miami, Estados Unidos, en compañía del abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez, con el fin de encontrarse con Lyons y que este hiciera la entrega del dinero.

Este procedimiento se habría efectuado dentro de un centro comercial de la ciudad y, posteriormente, las autoridades norteamericanas recopilaron las pruebas necesarias contra ambos hombres. La respuesta de los organismos encargados fue emitir una circular roja de Interpol, razón por la que Moreno y Pinilla Gómez fueron capturados por funcionarios del CTI el 27 de junio de 2017 a su llegada a Bogotá.

Así las cosas, ambos fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, utilización indebida de información privilegiada, así como cohecho. Además, teniendo en cuenta que el traslado del dinero se llevó a cabo en Estados Unidos, las autoridades norteamericanas pidieron en extradición al entonces director nacional anticorrupción.

Fue así como el 17 de mayo de 2018, Juan Manuel Santos aprobó el traslado de Moreno a los Estados Unidos, donde fue condenado y colaboró para revelar todo lo relacionado al ‘cartel de la toga’. A su llegada a Colombia, el exfuncionario pagó cuatro años de cárcel y recuperó su libertad en octubre de 2022.

Desde ese momento, a pesar de estar cobijado con 15 años de inhabilidad por el Consejo Superior de la Judicatura, Moreno ha ejercido como abogado en múltiples casos en el territorio nacional, teniendo en cuenta además que su tarjeta profesional aún permanece vigente.