Airbnb ha transformado radicalmente el concepto de alojamiento y turismo desde su creación, democratizando el acceso a diversas formas de hospedaje y ofreciendo una alternativa atractiva tanto para viajeros, como para anfitriones en todo el mundo.
Este modelo ha incentivado el turismo local en áreas que anteriormente no eran consideradas destinos populares, fomentando así una distribución más equitativa de los beneficios económicos del turismo.
Sin embargo, su crecimiento también ha suscitado debates sobre la regulación, el impacto en los precios de la vivienda y la convivencia con las comunidades locales. Airbnb representa, por tanto, un claro ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede remodelar industrias enteras, presentando nuevos desafíos y oportunidades para la economía y la sociedad.
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En Colombia, para que una persona pueda registrar su vivienda como una opción de hospedaje ofrecida por la plataforma, “lo primero que debe tener en cuenta es si está sometido a propiedad horizontal y revisar este reglamento para asegurarse de que esa actividad esté permitida dentro del reglamento”, le dijo Esteban García Jimeno, Senior Counsel en Holland & Knight, al medio Asuntos Legales.
El segundo aspecto que se debe tener en cuenta para utilizar el inmueble con el fin de prestar servicios turísticos, es que es obligatorio “registrarse en el Registro Nacional de Turismo y se verá obligado a pagar la contribución parafiscal para la contribución al turismo”, agregó el experto para el medio mencionado.
Por otra parte, los inmuebles deben contar con una tarjeta de registro del alojamiento y protección de datos personales, pues allí se recolectará información de los huéspedes.
Así mismo, “debe haber una política de limpieza, salud y primeros auxilios en estas propiedades. Además de seguros adquiridos para evitar daños de responsabilidad civil contractual, ya que prima un contrato de alquiler para estos bienes, por lo que entran también temas de protección al consumidor”, dijo el experto a Asuntos Legales.
En cuanto a los ingresos generados por el propietario del inmueble en Airbnb, Jimeno explicó que “todo está bancarizado, la plataforma recibe primero el ingreso que es para tercero, y después trasladarlo al propietario del bien inmueble. Este mismo deberá ser debidamente declarado en su impuesto sobre la renta y complementarios del ejercicio fiscal en que lo recibió y obviamente pagar el respectivo impuesto”.
A eso se suma que si una persona natural propietaria “va a obtener ingresos que se consideran rentas pasivas y está de por medio, también debe hacer aportes a la seguridad social por dichas rentas sobre una base del 40% como ingreso base de cotización. Así lo señala el Artículo 27 del Estatuto Tributario, que estipula que sobre todo ingreso recibido debe tributarse o hacer aportes a la seguridad social”.
El experto explicó que conforme a la Ley 100 de 1993, la Unidad de Gestión Pensional y Parasficales, Ugpp, velará por los aportes a la seguridad social del propietario del inmueble dispuesto para el alquiler en plataformas digitales.
“Los operadores de plataformas electrónicas o digital de servicios turísticos, como es el caso de Airbnb, se encuentran reguladas por la Ley 300 de 1996, modificada por la Ley 2068 de 2020, y el Decreto 1836 de 2021, que modificó el Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015″, le explicó a Asuntos Legales Julio Mario Bonilla Aldana, vicepresidente del Instituto Colombiano de Derecho del Consumo, Icodeco.
El experto explicó que la regulación, de manera amplia, especifica claramente que los operadores de este tipo son efectivamente prestadores de servicios turísticos y deben poseer un Registro Nacional de Turismo (RNT), visible al público en su sitio web.
Es necesario proporcionar espacios donde los que ofrecen servicios turísticos mediante la plataforma puedan detallar los servicios, términos y políticas de confirmación y cancelación.
La normativa también exige que se evite publicar o se eliminen los anuncios de aquellos que ofrezcan servicios a través de la plataforma sin un RNT adecuado; y, por último, se debe implementar sistemas eficientes para gestionar solicitudes, quejas y reclamaciones tanto de los prestadores de servicios turísticos como de los consumidores.
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