La fiscal Luz Adriana Camargo estaría inhabilitada para investigar el caso de corrupción en la Ungrd: esta es la razón

Un mes y medio después de su llegada a la Fiscalía General de la Nación, Luz Adriana Camargo suma su primer gran desafío en el escándalo de corrupción que ha sacudido al Gobierno nacional por las presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El centro de esta controversia se encuentra en la adquisición de cuarenta carrotanques en La Guajira, en la que los exorbitantes sobrecostos habrían servido para financiar sobornos en el Congreso, según declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, aumentando la presión sobre las autoridades para actuar con rapidez y eficacia ante este flagelo.

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La situación se complica ante la revelación de que tanto Luz Adriana Camargo, como su Delegada para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo, prestaban servicios de asesoría a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia poco tiempo antes de asumir sus cargos actuales.

Este vínculo laboral previo ha desatado interrogantes sobre un posible conflicto de intereses, especialmente porque dicha asesoría fue simultánea y en relación directa con temas de transparencia y contratación pública en Colombia.

Pese a las dudas planteadas, el abogado penalista Francisco Bernate ha clarificado que este antecedente laboral no impide que Camargo y Trujillo ejerzan sus funciones actuales. “No lleva alguna investigación al respecto directamente”, recordó Bernate a El Colombiano, destacando la independencia de los fiscales delegados encargados de las investigaciones.

En respuesta al creciente escándalo, el presidente Gustavo Petro anunció la creación de una “mesa técnica de coordinación” para investigar las acusaciones de corrupción. No obstante, la Fiscalía General de la Nación ha reafirmado su autonomía, señalando que, aunque valora la iniciativa presidencial, esta no altera sus facultades investigativas.

Por su parte, Camargo declaró a El Tiempo que las indagaciones sobre la Ungrd están siendo lideradas por la fiscal 79 especializada de la dirección contra la corrupción, Andrea Muñoz, desmarcándose de cualquier sugerencia de inhabilidad por su previa asesoría a la Secretaría de Transparencia.

Incluso, ante la controversia suscitada por el nombramiento de la esposa de Andrés Idárraga en la Fiscalía, Camargo justificó la elección por méritos profesionales, insistiendo en que esto no influye en las investigaciones en curso.

Las denuncias realizadas por Sneyder Pinilla, exsubdirector de riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), han provocado un gran remezón en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, impactando a altos cargos y desencadenando la renuncia de la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga.

Este escándalo, que giró en torno a la adquisición de carrotanques en La Guajira, llevó al Ejecutivo a convocar una mesa técnica el pasado domingo 5 de mayo con el objetivo de evaluar los hechos, en una reunión que contó con la participación de la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría.

En el contexto de esta crisis, Luz Adriana Camargo, titular de la Fiscalía, enfatizó la independencia del organismo en las investigaciones sobre la malversación de fondos públicos, a pesar de reconocer la iniciativa del presidente Petro para abordar la situación.

La Fiscalía, que continúa sus investigaciones tras recibir una matriz de colaboración de Pinilla que implicaría a figuras políticas de alto rango, ha reafirmado su compromiso con la autonomía en su labor de combatir la corrupción.

“En ese orden, se advierte valiosa la iniciativa del Ejecutivo, sin que ella comprometa la independencia y autonomía de la labor de la Fiscalía General de la Nación, en las acciones contra la corrupción y en todas las demás que le competen”, comentó Camargo por medio de un comunicado.

Paralelamente, se revelaron las intenciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, de cooperar con la justicia a través de un principio de oportunidad que permitiría arrojar luz sobre este entramado de corrupción, relacionado con la compra de 40 carrotanques destinados a aliviar la emergencia en La Guajira, cuyo costo asciende a más de 46.800 millones de pesos.