Federico Gutiérrez aseguró que Daniel Quintero “vendió” la gerencia de Afinia, la empresa de energía de la costa, por 8 millones de dólares

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, junto con el gerente general del Grupo EPM, John Maya Salazar, denunció este lunes 6 de mayo un grave hecho de supuesta corrupción ocurrido en Afinia durante el mandato del exalcalde Daniel Quintero.

Según dijo el mandatario de la capital antioqueña, recibió información directa de un testigo ―que pidió reserva de su identidad― sobre la venta de la gerencia de la filial de EPM y varios negocios al excongresista William Ortega por un valor de ocho millones de dólares.

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Esos movimientos habrían tenido lugar durante la administración de Daniel Quintero para entregar influencia burocrática en la compañía, que presta su servicio de energía en la región Caribe, sobre todo en los departamentos de Bolívar, César, Córdoba y Sucre.

“Bajo qué criterios cambiaron a una mujer gerente profesional de EPM y con gran trayectoria técnica para nombrar a otro. Pues vamos encontrando la respuesta a tantas preguntas. El criterio técnico, al parecer, fueron ocho millones de dólares”, dijo el alcalde en rueda de prensa.

Este caso habría llegado a oídos del alcalde Gutiérrez en medio del proceso de auditoría forense que viene adelantando en el Distrito desde hace varios meses, como lo había prometido cuando era candidato a la Alcaldía.

El testimonio que recibió el mandatario asegura que el acuerdo contemplaba que Ortega determinaría el nombramiento del gerente de Afinia, a quien identificó como Javier Lastra, que de hecho sí llegó a la gerencia de la compañía en 2021, luego de que se hubiera desempeñado como asesor externo en la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (UAESP) de Bogotá.

En las negociaciones también habrían tenido participación intermediarios de nacionalidad venezolana e incluso empresarios salpicados en otros escándalos nacionales, aunque el alcalde Gutiérrez no quiso revelar nombres.

De todas formas, aseguró que el caso ya tiene noticia criminal en la Fiscalía General de la Nación y en el expediente estaría incluida la declaración de uno de los testigos, que ―según el alcalde― denunció amenazas en su contra y pide protección.

“Hemos recibido información de manera personal por parte de un ciudadano que nos pide reservar su identidad, por miedo a que atenten contra su vida, pues ya ha recibido amenazas, por ser testigo de cómo fue vendida de manera ilegal la Gerencia de Afinia en 2021 a cambio de una escandalosa cifra, ocho millones de dólares, equivalentes a más de 32.000 millones de pesos, negocio pactado por el Gobierno de Quintero y un cuestionado excongresista”, expresó el mandatario de la capital antioqueña.

Fico sostuvo, con base en las declaraciones del testigo, que las negociaciones habrían tenido lugar en un restaurante ubicado en el suroccidente de Medellín. Allí se habría entregado el poder de Afinia a un grupo político a cambio del pago de ocho millones de dólares.

Así mismo, mencionó que habría estado presente un empresario salpicado en el carrusel de la contratación en Bogotá, durante la Alcaldía de Samuel Moreno. Además, el alcalde dijo que otras reuniones habrían tenido lugar en clubes de Medellín y Barranquilla. “Tenemos nombres que han sido entregados a la Fiscalía y que no daremos públicamente, porque no queremos contaminar las investigaciones”, dijo Gutiérrez.

En el testimonio del testigo, dijo el alcalde, habría detalles sobre la forma como se pactó el negocio, los porcentajes y las supuestas coimas que se cobraron. “Jugaron con EPM, jugaron con el patrimonio público”, expresó el mandatario.

Tanto el alcalde como el gerente de EPM le piden a la Fiscalía celeridad en el proceso de investigación. Adicionalmente, se pusieron a disposición de la entidad para entregar información sobre el presunto esquema de corrupción al interior de Afinia, que incluiría cambios en los requisitos de contratación para redireccionar contratos a la Costa Caribe, algo que está prohibido por la ley.

Esta preocupante información se conoce en un contexto en el que la filial de EPM muestra cifras muy negativas durante los años en los que se habría cometido el ilícito, lo cual a su vez repercute en las desmesuradas tarifas de energía en la región Caribe.