⁠Alcalde Galán, ministro Defensa y fuerza pública corrieron por los miembros de las Fuerza Pública heridos en combate

El alcalde Carlos Fernando Galán; el ministro de la Defensa, Iván Velásquez; el personal de las Fuerzas Armadas y la sociedad civil se unieron la mañana del domingo, 5 de mayo, para correr por los héroes de Colombia heridos durante el conflicto.

Así fue la edición número 16 de la carrera por los héroes, sobre la que la directora de la fundación Matamoros, María Alejandra Neira, celebró: “Nos sentimos inmensamente felices de estar acá, del apoyo que recibimos de parte de todos los civiles, de los militares, de los miembros de la Policía Nacional, que están corriendo por los héroes de Colombia. Hombres y mujeres que se han sacrificado por defendernos a nosotros los colombianos y a nuestra democracia”.

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A pesar de que el 2023 fue el año con menos uniformados muertos o heridos en combate de la última década, se tienen registros de al menos 209 afectados, cuyas vidas y familias fueron honradas en la jornada del domingo por más de 10.000 personas.

“En la carrera virtual hubo 3.000 atletas en todo el país. En Tumaco, en Bahía Málaga, en Cartagena, en San Andrés y acá en Bogotá 7.000 personas se reunieron”, en torno a este evento deportivo que busca reunir fondos para aquellos que “han sufrido en razón del conflicto en la Fuerza Pública”.

Esta es la primera vez, en años, que la carrera se lleva a cabo por las calles de Bogotá que, aunque lluviosas recibieron a por lo menos 7.000 asistentes, entre ellos, el alcalde Carlos Fernando Galán, quien hizo un llamado a honrar el sacrificio realizado por los uniformados heridos en guerra:

“Estamos muy contentos de que la carrera de los héroes vuelva a Bogotá después de cinco años, es un orgullo para la ciudad poder correr para hacerle un homenaje a los héroes de la patria: soldados, Policía, infantes de marina, miembros de la Fuerza Aérea, todos. Es una responsabilidad para nosotros acompañarlos. Son los que nos protegen, los que nos cuidan y tenemos que reconocer esa labor que cumplen, particularmente con miembros de la Fuerza Pública heridos en combate”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aprobó una modificación que afecta directamente a las pensiones por invalidez de los soldados voluntarios e infantes de marina voluntarios del país.

A través de una actualización al Decreto 4433 de 2004, se anunció que estas pensiones aumentarán del 75% al 100%, una medida efectiva desde el 5 de abril, tal como se reveló en el sitio web del Ministerio de Defensa.

Esta modificación tiene como fin principal alinear los beneficios pensionales con los valores de universalidad, equidad, eficiencia e igualdad, principios que se encarnan en la ley 923 de 2004.

La revisión del decreto no solo se enfoca en el incremento de la remuneración por invalidez, sino que además refleja un compromiso gubernamental hacia la viabilidad fiscal del proyecto, asegurando que se cumplan todas las demandas presupuestarias necesarias para su implementación.

La reforma en la política de pensiones representa un gran paso en el reconocimiento del sacrificio de aquellos que han sufrido lesiones o enfermedades en el cumplimiento de su deber, mejorando significativamente su calidad de vida y la de sus familias. Este gesto de justicia y gratitud hacia los miembros de las fuerzas armadas recalca los esfuerzos del gobierno de Petro por ampliar el apoyo a los sectores más vulnerables dentro del estamento militar.

El artículo 32A del Decreto 4433 de 2004 regula específicamente las condiciones para el reconocimiento de las pensiones de invalidez de los integrantes de las fuerzas militares y la policía nacional, estableciendo criterios claros para la clasificación de los grados de invalidez y la correspondiente asignación de beneficios. Este marco legal demuestra la voluntad de la administración actual de asegurar que los derechos y el bienestar de los servidores de la nación sean priorizados e implementados adecuadamente.

La ejecución de estas modificaciones y la supervisión de su cumplimiento están en manos de las autoridades gubernamentales competentes, reforzando el compromiso con una distribución equitativa de los recursos y beneficios adecuados para aquellos afectados en acto de servicio.