En las últimas horas, fue dejada en libertad la beneficiada que pagaba una condena en la cárcel y penitenciaria con alta y media seguridad para mujeres de Bogotá.
La mujer que se acogió a la Ley de Utilidad Pública, la cual consiste en realizar servicios comunitarios, salió del lugar y se tomó una foto en la que mostró el sentimiento que tiene de haber podido cumplir con su objetivo.
Allí aparece con los brazos extendidos y de rodillas, mirando al cielo, con una maleta roja y tapabocas, justo afuera del centro en el que estaba recluida.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
La ley de Utilidad Pública 2292 de 2023, es una norma que, según el Ministerio de Justicia, contempla una sanción penal de manera restaurativa, lo que quiere decir que la condena que le fue establecida a la persona culpable se traduce en actividades de impacto social para resarcir el daño.
Por lo general, esta medida sustitutiva es concedida por decisión de un juez tras revisar la conducta y comportamiento, este caso de la mujer que estaba privada de la libertad en una cárcel de Bogotá, y a cambio de dejar el centro de reclusión esta persona va a asumir unos compromisos especiales que deberá cumplir.
Por el momento no se conocen mayores detalles, la condena que estaba pagando ni a lo que se someterá en el futuro, por lo que se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas.
Otro caso de una mujer que quedó en libertad por acogerse a la ley de Utilidad Pública
Se trata de una madre cabeza de familia que se benefició con la aplicación de esta norma (Ley 2292 de 2023). La mujer estaba pagando una pena de 39 meses por hurto calificado agravado, en Ibagué, Tolima, pero fue dejada en libertad condicional.
Los hechos por los que fue condenada ocurrieron en octubre de 2021 y la sentencia se profirió el 15 de marzo de 2023.
En su momento se conoció que “la mujer se iba a reintegrar a su hogar e iba a realizar labores de apoyo a proyectos comunitarios de desarrollo social en huertas comunitarias, así como en temas de conservación ambiental, aprovechando su potencial” y de esta manera iba a poder sostener a sus tres hijos de 1 año y 4 meses (lactante), 3 y 7 años.
Además, se supo que la medida sustitutiva fue concedida por decisión del juez que valoró la conducta y comportamiento de la privada de la libertad cuando estaba en el centro de reclusión mientras pagaba su condena, y a cambio de ella asume unos compromisos especiales que deberá cumplir fuera de la cárcel.
“Así mismo, que efectivamente la conexión del delito se produce ante la carencia de oportunidades estatales, y necesidad para garantizar un sustento alimenticio a los menores de edad, y aunque dicho actuar es reprochable desde toda óptica social, debe buscar una fuente de ingreso legal. Lo cierto es, que el castigo no puede buscarse en las formas de perpetrar el ciclo pobreza y de la clase menos favorecida, sino para propiciar un espacio de reconciliación y resocialización entre la sociedad y la penada”, dice el documento con la decisión al que tuvo acceso El Tiempo.
Frente a este caso, el viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña, aplaudió la decisión del juez, ya que es “un hito porque nunca antes una mujer tenía este tipo de sustituto para salir a trabajar en vez de estar privada de su libertad”.
“Este es el primer caso en el cual esa libertad se va a ser efectiva y se va a reintegrar a esta mujer a su hogar para que esté desempeñando esos servicios comunitarios”, expresó en su momento el funcionario.