Alcalde de Neiva Denuncia la intensificación de las extorsiones a comerciantes en la ciudad

En una entrevista realizada por el medio de comunicación Revista Semana, el alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, sobre la seguridad de la ciudad, pues delitos como la extorsión se han intensificado.

“La seguridad, junto al desempleo, son los temas que más preocupan a los ciudadanos de Neiva. El impacto de los artefactos explosivos frente a los establecimientos comerciales, empleados por extorsionistas, ha sido devastador. Las calles del centro de la ciudad se vacían al caer la noche, por temor a estos grupos delictivos”, señaló a ese medio de comunicación.

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De acuerdo con el mandatario local, la Alcaldía ha estado colaborando con la Policía y el Ejército: “Hasta ahora, se ha trasladado a al menos 70 delincuentes comunes a otras cárceles del país y se ha detenido a seis personas por el lanzamiento de artefactos explosivos”, precisó el alcalde.

Casagua Bonilla señala que los mismos grupos con los que el Gobierno nacional ha establecido negociaciones y mesas de diálogo son los que están extorsionando a los comerciantes de la zona.

“Este fenómeno se ha intensificado desde que se levantó el cese al fuego en los departamentos del Cauca y Nariño. Los integrantes de estos grupos se han trasladado al Huila y operan con total impunidad, a escasos 8 o 10 kilómetros de nuestra ciudad”, dijo el alcalde de Neiva.

De acuerdo con el alcalde de Neiva, el modus operandi de las organizaciones delicuenciales consiste en enviar a jóvenes vulnerables para extorsionar, y aquellos que se niegan a pagar son amenazados con artefactos explosivos.

“Es evidente que este no es un problema local, sino nacional. Como alcalde, no tengo la capacidad para ordenar el despliegue de tanques o aviones de combate, ya que estos grupos no son delincuentes comunes, sino que están altamente armados”.

Y añadió: “Me atrevo a afirmar que no hay otra ciudad en el país donde se coloquen uno o dos artefactos explosivos cada ocho días durante el fin de semana. Neiva es esa ciudad, y lo digo con tristeza, pero tampoco puedo ocultar la realidad. La población ya no se sorprende, se está acostumbrando a las explosiones y las amenazas”.

Cabe señalar que el ministro de Defensa y la cúpula militar han visitado la ciudad para evaluar la situación. En una acción conjunta, la Policía y el Ejército han capturado a seis de los responsables directos.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno para que trabaje en la implementación de medidas efectivas para contrarrestar la inseguridad en Colombia, específicamente lo relacionado con el delito de extorsión.

De acuerdo con el portal Siedco de la Policía Nacional, sobre estadística delictiva, la extorsión en el país ha ido en aumento en los últimos cuatro años, y al comparar el número de casos entre 2020 y 2023, la cifra de la conducta criminal tuvo un incremento del 20,5%.

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Lo anterior, se evidencia en las cifras desde 2020, año en el que los ciudadanos colombianos reportaron 8.188 casos. De ahí en adelante, los casos incrementaron de la siguiente forma: durante 2021, se presentaron 8.342 casos de extorsión; en 2022, 9.791, y en el 2023, 9.871.

Los departamentos donde más se presentaron denuncias por extorsión se concentraron en Cundinamarca, con 1.827 casos; Antioquia, con 1.725; Atlántico, con 1.227; Valle del Cauca, con 1.010 y Norte de Santander, con 25 casos.

“Aunque las denuncias instauradas por la ciudadanía afectada darían cuenta de que las extorsiones provienen de grupos ilegales organizados y bandas criminales, el sistema penitenciario y carcelario no es ajeno a la ocurrencia del ilícito, desde donde los internos, a través de llamadas de celular, extorsionan”, expresa el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Además, la Defensoría denunció que algunos directores de los establecimientos carcelarios y funcionarios del Inpec están siendo amenazados por la población privada de la libertad, como ha venido ocurriendo en la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca, en las penitenciarias de Palogordo y Modelo, en Santander, pero también en otros centros.

“Si bien valoramos la ‘Operación Dominó’, liderada por el Inpec, se requiere un mayor esfuerzo presupuestal del Gobierno nacional para que haya una modernización del sistema penitenciario en tecnología de punta 4G o 5G, sobre todo porque, además de que hay pocos inhibidores de señal de dispositivos móviles en las cárceles, los que existen tienen tecnología obsoleta 2.5G”, indicó el defensor del Pueblo.

De los 125 establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), únicamente en 16 ha sido instalado el sistema de inhibición de señal, sin embargo, de ellos solo en seis funcionan los inhibidores y con tecnología 2.5G.