El pasado jueves 2 de mayo se reabrió el proceso del expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte referente al sonado caso de corrupción conocido como el cartel de la toga. En medio de la diligencia, la Procuraduría solicitó mantener vigente la condena de 16 años contra el exfuncionario.
En este sentido, el Ministerio Público señaló que la sentencia que le fue impuesta a Ricaurte, tanto en primera como en segunda instancia, está “debidamente sustentada”, principalmente en testimonios y pruebas valoradas en desarrollo del proceso penal. “Por lo tanto, no hay motivos para que sea revocada”, puntualizó la entidad de control.
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“Se trata de concretar la justicia material que demandaba este caso, en aras de restablecer la mancillada imagen de la justicia ante el maniobrar delictivo en el que estuvieron involucradas distintas personas, entre ellas magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, afirmó el procurador segundo delegado para la casación penal.
Así, la defensa del expresidente de la Corte Suprema de Justicia busca comprobar que las declaraciones del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, durante ese proceso, no fueron investigadas correctamente y que esas pesquisas presentaron posibles irregularidades. “Nunca se desplegó ningún tipo de actividad investigativa con el fin de corroborar las manifestaciones de un testigo con profundos problemas de fiabilidad”, precisó la defensa de Ricaurte ante la Corte Suprema.
Cabe recordar que Francisco Ricaurte fue capturado el 20 de septiembre de 2019, pues fue condenado por ser parte de una organización que recibió recursos para el beneficio de terceros en procesos que estaban a cargo en su momento por Gustavo Malo Fernández, entre los que se encontraban excongresistas como Álvaro Ashton y Musa Besaile, así como el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía.
Por ende, el exmagistrado fue hallado responsable en primera instancia por el juez décimo penal del circuito de Bogotá, por lo tanto, la decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá. En segunda instancia, fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y utilización indebida de información oficial privilegiada.
Otras investigaciones del Ministerio Público
Uno de los casos más sonados por estos días es el del ex subdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) Sneyder Augusto Pinilla Álvarez.
Según reveló Pinilla en una entrevista concedida a El reporte Coronell, de W Radio. “Hay muchas personas involucradas en el proceso y me están haciendo ver como el malo. Yo soy solo una arista de este engranaje”, afirmó Pinilla, implicando en el escándalo a un conjunto diverso de figuras políticas que incluyen a un ministro, dos senadores y tres directivos de la entidad mencionada.
La procuradora Margarita Cabello reveló que el Ministerio Público ha vinculado a otros dos funcionarios de la Ungrd a la investigación, subrayando la seriedad del caso. Este asunto surgió a raíz de la controversia generada por la compra de cuarenta carrotanques para abastecer de agua a las comunidades de la Alta Guajira, una zona críticamente afectada por la escasez de este recurso vital.
“La Procuraduría está realizando un estudio pericial para dar un dictamen pericial para determinar con prueba idónea, el valor establecido en la compra de los carrotanques y analizar los posibles perjuicios financieros”, explicó Cabello, resaltando el avance en la recopilación de información tanto de la etapa precontractual como de la contractual.
Además, la investigación también sacó a la luz otro contrato cuestionable, por un valor de 23.000 millones de pesos, destinado a suministrar ollas comunitarias, beneficiando supuestamente a un funcionario de la Ungrd con intereses políticos.
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